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La Plata
6 mayo, 2021
PAÍS

Mentiras y corrupción en jardines de infantes que nunca se construyeron durante el macrismo

Mientras desde el macrismo se muestran muy preocupados por la educación, y levantan la bandera a favor de las clases presenciales, la Oficina Anticorrupción (OA) denunció que el gobierno de Cambiemos pagó más de 700 millones de pesos por la construcción de 93 jardines de infantes en distintas provincias, que nunca fueron terminados.

El actual Ministerio de Educación detectó también sobreprecios: se llegaron a pagar 1.498 dólares el metro cuadrado, el doble que el valor de mercado. Pese a advertir las irregularidades y el hecho concreto de que las obras estaban abandonadas, la administración de Mauricio Macri no cobró multas ni inició acciones para recuperar el dinero.

Estos contratos en la mira fueron parte del llamado “Plan Nacional 3000 jardines” con el cual el ex presidente prometió en mayo de 2016 que garantizaría el acceso a la educación en las salas de 3 a 5 años.

Esa promesa se redujo con el correr del tiempo, y la convocatoria inicial a licitaciones fue para sólo 200 jardines, que en los hechos fueron menos todavía. La mayor parte de los proyectos, para colmo, fueron adjudicados a una misma unión transitoria de empresas que había sido objetada por un área técnica especializada antes de concretar la contratación.

Así lo revela hoy la periodista Irina Hauser en el diario Página/12, oportunidad en la que señala que el juez federal Ariel Lijo ya había tenido una causa vinculada con este mismo tema, pero fue archivada. La OA pide ahora que la saque del archivo porque hay muchos datos nuevos, detectados por la gestión del actual ministro Nicolás Trotta, entre ellos, que además de todas las maniobras, se pagó de más.

La denuncia de origen la había hecho Margarita Stolbizer, cuando advirtió que la primera licitación había sido convocada para solo 100 jardines, pese a que un decreto de 2017 establecía una tanda de 500, y que las obras no avanzaban, pero las constructoras obtenían prórrogas. Según advirtió Stolbizer, se llegó a empezar la construcción de 105 jardines, pero terminaron 14, aunque tampoco eran nuevos establecimientos, sino aulas construidas sobre jardines ya existentes.

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la gestión del actual ministro, Trotta, hizo una denuncia en marzo último ante la OA, después de una auditoría en la que analizó gran cantidad de documentación y trámites.

El organismo que dirige Félix Crous cotejó datos y resolvió presentarse en tribunales. El análisis está enfocado en cuatro de cinco licitaciones que fueron adjudicadas a una misma Unión Transitoria de Empresas (UTE) que está integrada por Escarabajal Ingeniería SRL y Bahía Blanca Viviendas SRL.

Las irregularidades aparecen en dos etapas: durante la gestión de Esteban Bullrich, las contrataciones controvertidas; durante la de Alejandro Finocchiaro los contratos fueron rescindidos por el incumplimiento, en una dudosa situación de “mutuo acuerdo” donde no se le reclamó nada a la UTE incumplidora.

La UTE Escarabajal-Bahía Blanca sumó contratos por 92 millones de dólares. El metro cuadrado fue calculado a 1498 dólares, pero según la administración actual del ministerio de Educación analizó los precios testigo en licitaciones recientes: en Buenos Aires 870 dólares el metro cuadrado; en Salta 675 dólares; en San Juan 708 dólares.

Según la denuncia, el Ministerio de Educación estaba en condiciones de reclamar 61.920.462 dólares (cálculo realizado en base al tipo de cambio a la fecha de las transferencias) por los pagos realizados sin finalización de ninguna obra, pero no lo hizo. Tampoco aplicó multas por la mora que hubo desde el vamos para iniciar los trabajos.

Los jardines debían estar terminados para mediados de 2017, pero para diciembre de 2019 no había ni uno solo hecho completo. La mayoría incluso estaba en estado de abandono. Las obras con contratos rescindidos por muto acuerdo no tenían con suerte un 11 % de avance. Las que abandonó la UTE varían: 53 obras tuvieron entre 50 y 75 % de avance; 19 registraron entre 20 y 49 % de avance y dos, menos de 20 %.

La denuncia de la OA le pide al juez Lijo que investigue los posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública (ya que sospecha que hubo interés de funcionarios en favorecer a una UTE específica), administración fraudulenta (perjudicar intereses que le son confiados), incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público.

Para el organismo, los funcionarios implicados son los ex ministros Finocchiaro y Bullrich, el ex secretario de gestión educativa, Maximiliano Gulmanelli Barbiero, y los ex subsecretarios de coordinación administrativa Félix Lacroze y Augusto José Araoz Reyes. También pide que se investiguen posibles vinculaciones de las constructoras con funcionarios públicos.

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