El principal operador judicial del macrismo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la justicia, planteó un llamativo argumento al defenderse en el seno del Parlasur de la votación de un proyecto que dio inicio a un juicio político en su contra para expulsarlo del Parlamento del Mercosur por “falta de decoro”.
La decisión de los integrantes de ese cuerpo deliberativo fue tomada luego de que la jueza María Servini ordenara su detención por no haber acudido a una indagatoria en la causa en la que se lo investiga por presunta asociación ilícita.
En medio de un contexto de soledad política, Rodríguez Simón sumó un nuevo revés en Montevideo, donde está esperando que el gobierno de Luis Lacalle Pou le otorgue el beneficio de refugiado, que solicitó por considerar que es un “perseguido político”.
Por una amplia mayoría, el bloque votó a favor de avanzar con el proceso de juicio político contra el principal operador judicial de Macri a fin de retirarle su condición de legislador del Mercosur, cargo al que llegó tras ser incluido en las listas de la última elección nacional.
Más allá de que la propuesta tuvo una holgada mayoría formada por dirigentes de todos los países que integran el Mercosur, Rodríguez Simón expresó una polémica defensa, donde no faltaron referencias críticas hacia el kirchnerismo.
En ese contexto, planteó su curiosa defensa: “Yo no sé por qué están pidiendo mi remoción. Cuando lo sepa creo que tengo bastantes argumentos para una buena defensa y si no las tengo, no las tendré, pero el procedimiento es lo que importa. Lo que hace al Estado de Derecho no es el tema de fondo, es el tema de formas. Tiene que haber un código que establezca y tipifique cuál es la conducta a ser penada”.
“No se puede hacer un procedimiento que no cumple con los estándares de legalidad que exige la normativa del Mercosur y mucho menos hacer un procedimiento cuando no hay un código de fondo. ¿La falta de decoro qué es? ¿Colgarse de un cable de la luz de otro? ¿O es utilizar las influencias? Hay que definirlo. Una vez definido, hay que definir cuál es el tipo de decoro y cuáles son las conductas administrativas y eso lo dice exactamente el reglamento”, agregó.
En el Parlasur, se aprobó el procedimiento para pedir su “pérdida de mandato”, junto con el caso de un dirigente paraguayo, Celso Troche, a quien se lo acusa por irregularidades en su país con las vacunas contra el coronavirus.
Después de esa aprobación, Oscar Laborde, legislador que llegó a ese parlamento en las listas kirchneristas, expresó: “Lo veo a Rodríguez Simón haciendo cara de buen tipo y se me revuelven las tripas. Por este cobarde que tanto denostó a este Parlamento. Acabamos de votar por amplia mayoría el comienzo del tratamiento de su separación”.
Según consta en el texto aprobado, los denunciantes deberán fundamentar ante la comisión la denuncia de forma oral, durante 60 minutos, y ofrecer pruebas. “A continuación, los miembros de la Comisión, a través del Presidente. podrán realizar preguntas las que deberán ser realizadas de manera concreta y referida al caso de la denuncia evitando ingresar en debates con los comparecientes”, continúa.
En tanto, el artículo 4 indica que Rodríguez Simón también será convocado posteriormente para realizar su descargo. Podrá comparecer asesorado por un abogado y ofrecer prueba. “La Comisión evaluará la misma y podrá disponer el diligenciamiento de la misma en un plazo razonable o su rechazo por considerarla improcedente”, continúa.
Luego, la comisión deberá elaborar uno o varios informes -de mayoría y minoría- que serán elevados al Plenario del Parlamento a través de la Mesa Directiva para su evaluación final.
El primer prófugo del macrismo y diputado del Parlasur se encuentra en Uruguay desde el pasado 8 de diciembre, donde busca acceder al status de “refugiado político”, un estado al que no estaría en condiciones de acceder.
El pedido de extradición de Pepín, como ariete de la mesa judicial de Cambiemos, fue formulado por la jueza federal María Servini, en el marco de la causa en la que se investigan presiones y asfixia financiera por parte del gobierno de Mauricio Macri a los accionistas del Grupo Indalo, dueño de la señal de noticias C5N y de Radio 10, entre otros medios.
El pasado 3 de junio, la Justicia uruguaya frenó el pedido de extradición de Rodríguez Simón realizado por la magistrada, mientras el presidente uruguayo define su proceso de asilo político.
En el interín, el pasado 8 de junio, la División investigación federal de fugitivos y extradiciones de Interpol emitió una alerta roja por el pedido de extradición de Rodríguez Simón.
Mientras tanto, “Pepín” empezó a ser investigado en otra causa, la de la “mesa judicial”, integrada por ex funcionarios macristas que apuntalaron al gobierno de Cambiemos en el diseño de una justicia propia, mediante aprietes a jueces y juezas y, entre otras cosas, presiones hasta lograr la renuncia de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, así como el fogoneo de las causas contra ex funcionarios del kirchnerismo y la arquitectura para proteger a Macri de los expedientes en su contra.