Un informe judicial incorporado a la causa penal en la que se investigan irregularidades en el marco del concurso del ya quebrado Correo Argentino S.A., determinó que el acuerdo aceptado en su momento por el gobierno de Mauricio Macri era “ruinoso” y “abusivo” para las arcas del Estado, tal como lo había denunciado la fiscala Gabriela Boquín en 2017.
El análisis, elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) –que depende de la Corte Suprema– fue entregado al juez Ariel Lijo, que investiga si ese pacto fue espurio e implicó delitos como administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
Este informe es explicativo de uno anterior, y responde a los cuestionamientos que habían formulado las partes en relación al primer estudio técnico contable, concluyendo que la propuesta de pago realizada por Correo Argentino S.A. implicaba “una quita superior al 90 %, tal como fuera indicado en el Informe Técnico presentado” en primera instancia.
Esta respuesta elaborada por la DAJuDeCO a los cuestionamientos de las defensas de los imputados deja a los acusados al borde del procesamiento porque revela que los cuestionamientos sobre el informe técnico contable no tenían rigor científico y consistían solo en disconformidades con los resultados a los que había llegado la investigación.
“El estudio económico y financiero aportado por la DA.Ju.De.CO implicó considerar, en función de lo requerido por V.S., los términos reales de la propuesta formulada por Correo Argentino SA en función de la realidad económica y el concepto de variación del valor del dinero en el tiempo”, se indicó en el informe.
“Ahora bien, en lo que refiere a las restantes formulaciones que introduce la Defensa, y como bien se ha desarrollado a lo largo del presente, cabe concluir que todas ellas presentan un denominador común, su metodología de cálculo se circunscribe al plano nominal de los valores adeudados y no considera en ninguno de los casos, el valor actual y real de los compromisos de pago futuros”, señala el informe.
Allí se revela además que “de acuerdo con los términos de la Séptima Propuesta” los compromisos de pago futuro “no sólo difieren su pago a lo largo de 16 años, sino que además introducen variaciones en el porcentaje de capital a pagar en cada cuota y estipulan el pago total de los intereses para luego de la cuota n°15”.
El informe reivindica desde sus resultados, una vez más, el papel de la fiscala ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien en 2016 se opuso a la homologación del acuerdo alcanzado entre la empresa de la familia Macri y el gobierno del propio Mauricio Macri tras considerar que se trataba de un acuerdo ruinoso para las arcas del Estado.
Por este caso ya fueron indagados el exministro de Comunicaciones del gobierno de Cambiemos, Oscar Aguad; el encargado del área de jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa, el presidente del directorio de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la firma Jaime Kleidermacher.
La semana pasada, el juez Lijo incorporó al expediente la grabación del programa televisivo Minuto 1, de la señal de noticias C5N, donde se revelaron presuntas reuniones ocurridas en Casa Rosada entre directivos del Correo y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, quien está imputado, aunque todavía la investigación no avanzó en esa dirección.