Mauricio Macri quedó formalmente imputado hoy por presunto “contrabando agravado” por el escandaloso envío ilegal de armas y municiones a Bolivia, para colaborar con golpe de Estado contra el destituido ex presidente Evo Morales.
Así lo dispuso el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, quien también impulsó la investigación penal contra la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, el ex,jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero y el ex embajador argentino en el vecino país, Normando Álvarez García, como así también al ex director de Logística de Gendarmería, Rubén Carlos Yavorski, y al ex director de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.
El dictamen fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart y pide investigar a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros.
El escrito que presentó hoy Navas Rial es un requerimiento de instrucción, en el que describe el hecho a investigar y solicita las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes al gobierno argentino y a Bolivia. El fiscal no incluyó, en cambio, otras medidas que había solicitado el Gobierno en su denuncia, como un informe de las llamadas entre el ex presidente y los demás acusados.
Los ministros de Justicia y Seguridad, Martín Soria y Sabina Frederic, y la administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, denunciaron penalmente a Macri y a los ex ministros Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad por “contrabando agravado” por el “envío irregular de armamento y municiones” a Bolivia, “a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.
“Esta denuncia pública dio lugar a una serie de investigaciones administrativas por parte del actual Gobierno Nacional de nuestro país, a través de la cual se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material -el cual se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina- y su posterior desvío hacia las fuerzas armadas bolivianas”, sostiene la denuncia.
El gobierno de Alberto Fernández, sostiene que la anterior gestión cometió un acto de “gravedad institucional” que podría encuadrarse además en los delitos de “abuso de autoridad” y “malversación de caudales públicos”.
En la denuncia, en base a la cual el fiscal pidió que se inicie la investigación, se indicó que el material enviado “tuvo como destino final a las Fuerzas Armadas que días antes habían derrocado al gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los derechos humanos, entre ellas, las masacres de Sacaba y Senkata”.
Se destaca que dicho apoyo “buscó encubrirse desde un primer momento, a través de maniobras de ocultamiento que pretendieron disfrazarlo en un supuesto objetivo de brindar la seguridad física de las instalaciones y funcionarios de la Embajada argentina en Bolivia. Sin embargo, parte del material enviado fue desviado y puesto a disposición de la dictadura boliviana”.
Según la denuncia, hay inconsistencias entre lo declarado y lo recepcionado en las primeras semanas de noviembre del 2019, transportado en un avión Hércules que salió del aeropuerto de El Palomar con un grupo de once efectivos del grupo especial Alacrán de la Gendarmería.
Ahora, el juez Javier López Biscayart tiene el caso bajo análisis para determinar si hace lugar a los planteos del fiscal y a una batería de medidas que firmó en su dictamen acusador.