Tras la renuncia de la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, el presidente Alberto Fernández deberá proponer una candidata a ocupar ese puesto. Debería ser una mujer, ya que los cuatro miembros restantes del Máximo Tribunal – Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti – son varones.
Según el artículo 3 del decreto 222/03, firmado por Néstor Kirchner, “al momento de la consideración de cada propuesta” debe tenerse presente “en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”. En síntesis, la reemplazante tendría que ser una mujer.
Según establece el artículo 99 de la Constitución Nacional, proponer a los miembros de la Corte es una atribución del Poder Ejecutivo. Luego, el candidato o candidata pasará a ser parte del máximo Tribunal tan solo si logra el voto positivo de dos tercios de la Cámara de Senadores.
Highton de Nolasco fue la primera mujer en ocupar una silla en la Corte. Asumió en el 2004, tras haber sido sugerida por el entonces jefe de Gabinete de Kirchner, Alberto Fernández. Ese año, el Senado votó su pliego: recibió 51 votos afirmativos y 5 negativos. Al año siguiente fue elegida vicepresidenta del máximo Tribunal, tras la renuncia del juez Augusto Belluscio.
Según el decreto publicado en 2003, en el caso de producirse una vacante en la Corte Suprema de la Nación, en un plazo máximo de 30 días se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional durante tres días el nombre y los antecedentes de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacante. El postulante, además, deberá presentar una declaración jurada de sus bienes en los términos indicados en la ley de Ética de la Función Pública.
Una vez presentado el candidato, podrán presentar observaciones al respecto todos los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos.
Según indica hoy Página/12, una de las posibilidades es que quien ocupe el cargo que dejará Highton de Nolasco a fin de mes sea una penalista, ya que en la actualidad no hay ningún especialista de esa área dentro de la Corte.
En esa línea, una de las postulantes podría ser Ángela Ledesma, jueza de Cámara Federal de Casación Penal, abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Otra alternativa es que su lugar lo ocupe Ana María Figueroa, jueza de Casación, o la jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Gabriela Vázquez, que a su vez fue la primera presidenta mujer del Consejo de la Magistratura.
Otro de los nombres que suena con fuerza es el de la doctora en Derecho de la UBA Marisa Herrera. Con anterioridad, había sido mencionada como posible ministra de Justicia cuando en marzo último el Gobierno anunció que Marcela Losardo iba a dejar su cargo, puesto que finalmente ocupó el actual titular de la cartera, Martín Soria. Por lo tanto, Herrera podría ser una de las propuestas por Alberto Fernández para integrar el máximo tribunal de Justicia de la Nación.
El nombre de Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, también fue mencionado como una de las posibilidades, pero desde su entorno niegan esta versión. Otra figura que por estas horas circula como posible candidata es la directora de Asuntos Jurídicos en el Senado, Graciana Peñafort, y también Aída Kemelmajer, una jueza mendocina que, junto con Ricardo Lorenzetti y Highton de Nolasco, integró la comisión que estuvo a cargo de la reforma del Código Civil durante el gobierno de Cristina Kirchner.