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La Plata
27 noviembre, 2021
PROVINCIA

La Justicia citó otra vez al intendente de Pinamar por el fraude con las tarjetas Alimentar

El juez federal subrogante de Dolores, Martin Bava, volvió a convocar a declaración indagatoria al intendente de Pinamar, Martín Yeza, para el 4 de noviembre, en la causa que investiga supuestas irregularidades por 2 millones de pesos con las tarjetas Alimentar.

“No existen razones para hacer lugar a los recursos presentados, suspender el trámite del proceso que se sigue al Sr. Martín Yeza o suspender su convocatoria a prestar declaración indagatoria”, sostuvo el magistrado en su resolución.

También afirmó que “las razones señaladas ahora por la defensa (planteo de recusación) carece de sustancia para generar el perjuicio o gravamen que señala”.

La defensa había pedido que la indagatoria quede suspendida hasta que la Cámara Federal de Mar del Pata resuelva un planteo de recusación presentado contra el juez Bava, quien se negó a apartarse del caso.

“Me permito repasar que la defensa, ante cada convocatoria que ha cursado el Tribunal para que comparezca a prestar declaración indagatoria, ha presentado recursos de reposición y apelación en subsidio, invocando en cada oportunidad diferentes causales (tiempo para preparar la defensa, nulidad de la convocatoria e incompetencia)”, analizó Bava, al rechazar este planteo.

Yeza estaba convocado para hoy, pero había pedido que se suspenda el trámite mientras tramitan recursos. La indagatoria quedó suspendida y se reprogramó para el 4 de noviembre a las 12, porque el abogado defensor de Yeza, Ignacio Jakim, presentó un certificado médico con el que justificó que “se encuentra imposibilitad” de concurrir antes al juzgado para asistir a su cliente.

La  causa en la que quedó imputado el ejecutivo de Pinamar se abrió en el último mes de marzo, tras una denuncia por supuestos gastos hechos por parte de terceras personas y no por los titulares de las tarjetas Alimentar a cuyo favor estaban emitidas.

En efecto, las tarjetas Alimentar eran entregadas a cada municipio, por caso Pinamar, que debían custodiarlas y repartirlas a los beneficiarios, pero, según la investigación, el uso indebido habría ocurrido con unas 55 unidades por un monto cercano a los $ 2.000.000.

 

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