La ex gobernadora María Eugenia Vidal pidió pantalla en el canal La Nación+ para responderle a Elisa Carrió y defender a sus dos ministros -Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari- aniquilados por la dirigente de la Coalición Cívica.
Según la “ex orgullosamente bonaerense” dijo que no estaba de acuerdo ni en el fondo ni en las formas de las declaraciones de Carrió y reiteró que confiaba en “la honestidad no solo con la que actuaron en mi gobierno, sino también de quienes fueron parte de Juntos por el Cambio”.
Como era obvio, en el canal de Macri nadie le preguntó a la ex gobernadora sobre la gravísimas denuncias que hay sobre su gestión. En primer lugar sigue abierta, aunque la Justicia la tiene dormida, la causa por los aportantes truchos, donde se utilizaron beneficiarios de planes sociales para aportes truchos al PRO. Entre los procesados está María Fernanda Inza, amiga de la gobernadora y tesorera del PRO, encargada de manejar las cuentas del partido, quien fue la Secretaría de Legal y Técnica en su gestión.
Cuando habla de la “honestidad” de sus funcionarios se olvida del escándalo de la Gestapo PRO antisindical que involucra a su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. El mismo que ante agentes de inteligencia y empresarios dijo para demostrar su impunidad: “Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.
Y como la frutilla del postre está el actual procurador bonaerense Julio Conte Grand, atornillado en la silla para seguir cubriendo a los amigos de Juntos por el Cambio. La diputada Susana González denunció penalmente al procurador por presunta cobertura judicial a actos de corrupción por 95 millones de dólares y de persecución. La legisladora aseguró que durante el macrismo existió en territorio bonaerense “un plan de disciplinamiento y manipulación del sistema judicial, con objetivos concretos y claros: impunidad y persecución”.
De acuerdo a la denunciante, está claro que durante la gestión de Juntos por el Cambio se conformó “un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo (nacional y provincial) que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales (otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión)”.
La ex gobernadora junto a Conte Grand fueron los organizadores de la Mesa Sindical bonaerense para perseguir políticos y sindicalistas como se comprobó con la persecución al ex gobernador Daniel Scioli y a funcionarios de su gestión y con la Gestapo antisindical que se montó en el banco Provincia para inventar denuncias y poner preso al dirigente de la UOCRA.