Hoy se dio un primer paso clave en el camino del juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia: en la comisión en Diputados encargada de analizar esa cuestión, se declaró la “admisibilidad” de los 14 pedidos de enjuiciamiento contra los cortesanos.
De esta manera, se aprobaron los expedientes que se tramitan contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por lo que se abrirá el sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los ellos.
En la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados el oficialismo pudo aprobar este avance fundamental para la búsqueda de la remoción de los cuatro jueces del llamado máximo tribunal.
La comisión, que preside la oficialista Carolina Gaillard (FdT), se reunió en el edificio Anexo del Congreso, tras dos encuentros previos que sirvieron para establecer el cronograma de trabajo y recibir los testimonios de los autores de los 14 expedientes que se tramitan.
Con su mayoría en esa comisión (16 sobre 31 integrantes), el Frente de Todos se aseguró el aval a la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los cortesanos.
Ahora, el proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.
Los proyectos están en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta). Igualmente, el dictamen de la comisión tendría tres años de validez, por lo que el FdT evalúa tenerlo en reserva a la espera de algún escenario de correlación de fuerzas más favorable.
De los 14 expedientes que se tramitan, el que el oficialismo toma como anclaje es el presentado por el diputado Eduardo Valdés y otros pares, e impulsado previamente por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer, después de 16 años, la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2×1” para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional. Otra de los causales son una serie de “irregularidades, incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
Mientras tanto, los jueces de la Corte se reunieron hoy en su primer acuerdo del año, oportunidad en la que trataron el juicio político en su contra que se debate en la Cámara de Diputados. Según afirmaron fuentes de los tribunales, los magistrados supremos coincidieron en la necesidad de mantener la unidad.
Es la primera vez que los cuatro se reúnen cara a cara este año, luego del pedido de juicio político promovido por el Gobierno. El encuentro se produjo al mismo tiempo que, a pocas cuadras, en el Congreso, se votaba la admisibilidad de las 14 acusaciones contra ellos.