El Gobierno anunció hoy el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Así lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni este jueves en conferencia de prensa, oportunidad en la que detalló que el presidente Javier Milei avanzará en “el desmantelamiento de diferentes institutos” que, según él, “no sirven absolutamente para nada”.
Al anunciar la desaparición del organismo, Adorni incluso se quejó por no poder avanzar más rápido hacia su cierre definitivo: “Los tiempos burocráticos, los procesos no son tan veloces como uno quisiera”, expresó.
Además, cuestionó la “idoneidad” de quienes conducen determinados institutos gubernamentales, y sin pruebas concretas, revelando su desconocimiento o mala fe, de manera irresponsable consideró que “son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante. Empezamos con el primero: el INADI”.
El vocero presidencial precisó que en la actualidad el instituto contaba con 400 empleados y decenas de oficinas por todo el país. Y advirtió: “Este tipo de institutos tienen la particularidad de que están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad”.
Rápidamente, diputados, senadores y dirigentes peronistas repudiaron el anuncio del Gobierno. Al respecto, la senadora de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos (FdT), Teresa García, se preguntó: “¿Qué va a hacer Caputo con los recursos del Inadi?”.
Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, planteó: “El gobierno de Milei -que va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática- cierra el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado por la ley 24.515 en 1995. Repudio absoluto a esta decisión”.
En tanto, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) salió a repudiar el cierre del INADI, ya que la medida “atenta contra la convivencia pacífica”.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, la entidad sostuvo que “la discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos”, y que “por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI, un verdadero ejemplo en el mundo”, recordó.
En ese sentido, la organización planteó que la decisión informada por el Gobierno de cerrar el INADI “atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) fue creado el 5 de julio de 1995 mediante la Ley 24.515, aunque comenzó a funcionar dos años más tarde, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Según enuncia en su sitio web, “el INADI tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria”.
Su antecedente fue la Ley 23.592, del 4 de agosto de 1988, sancionada durante la presidencia de Raúl Alfonsín, conocida también como Ley Antidiscriminatoria.
Desde el INADI se impulsan y llevan adelante “políticas públicas federales y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria”, precisan desde el organismo estatal.
Los principales objetivos del INADI:
– Ser el organismo de aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios.
– Recibir y centralizar las denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y llevar un registro de ellas a nivel nacional.
– Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados o víctimas de xenofobia o racismo.
– Diseñar e impulsar campañas de concientización y sensibilización tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación de prácticas discriminatorias, xenofóbicas o racistas; participando en la ejecución de esas campañas.
– Proporcionar al Ministerio Público y a los tribunales judiciales asesoramiento técnico especializado en los asuntos relativos a la temática de su competencia.
– Celebrar convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, a efectos de propender a dar cabal cumplimiento a los objetivos asignados a este Instituto.