No alcanzó el fin de semana largo para producir un poco de paz entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, con los cuales deberá llegar a un acuerdo para enviar el proyecto de Ley Omnibus al Congreso para su aprobación.
En las últimas horas el gobierno decidió eliminar a través del DNU 280/24 las transferencias que la ANSES realizaba a las cajas de jubilaciones que todavía están en control de 13 provincias, cuatro de ellas cercanas a la Rosada. La decisión del Ejecutivo se suma a la eliminación del Fondo Nacional Docente y del Fondo Compensandor del Transporte, que ya había dejado de pagar y ejecutó este jueves por DNU y las demoras en el pago del Servicio Alimentario Escolar.
Milei/Caputo están decidido a que el ajuste lo paguen las provincias, los jubilados y los trabajadores. La primera reacción surgió desde la administración radical de Santa Fe, donde el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, criticó la decisión de Milei, sostuvo que “las Cajas de jubilaciones no son casta” sino “los aportes de los trabajadores durante su vida laboral” y advirtió que la provincia analiza recurrir a la vía judicial para frenar el recorte.
En tanto, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora dejó trascender que por ahora estudian la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de la Nación o a una Cámara Federal. La provincia tiene un fallo favorable de la Corte y los funcionarios cordobes consideran que el decreto consolida algo ilegal pero que la provincia tiene un marco legal para reclamar. Eso sí, dejaron trascender que por ahora continúan apoyando el proyecto de ley ómnibus.
Las partidas para las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias. Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, aunque las transferencias no se actualizaron.
Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei no envió más ese dinero a las provincias, que recibieron por última vez los recursos en diciembre pasado. Este fue uno de los puntos de negociación al comienzo del Gobierno de la LLA: los gobernadores pidieron el pago de la deuda acumulada por falta de actualización de las cajas jubilatorias como una forma de descomprimir las tensiones frente a otros recortes. Pero el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se negó.
Las decisiones del Presidente no parecen ser la mejor arma de seducción para que los gobernadores no intenten avanzar contra el DNU 70/23 que desreguló toda la economía y que acompañen la nueva versión reducida del proyecto de ley ómnibus, con la zanahoria por delante de arribar a algún acuerdo posterior que Milei promete en su proclamado Pacto de Mayo en Córdoba.
Está mañana, el diputado José Luis Espert, desde su cuenta en X, salió a defender el gobierno y atacar a los gobernadores por quejarse: “Tendrán que bajar el gasto público provincial para cerrar las cuentas fiscales como lo hace la Nación. A quejarse menos y meter motosierra. Y si vamos a parte de la solución de fondo del drama recaudatorio, habría que eliminar la coparticipación. Genera una relación tóxica de dependencia e indignidad entre Pcias y Nación. Así, las Pcias solo deberían recaudar (por sí solas) su Ganancias minorista; idem un impuesto a la venta final, eliminando Ingresos Brutos y dejando un IVA corporativo a la Nación (lo mismo que Ganancias)”.