Hace setenta años, la autodenominada Revolución Libertadora encabezada por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas ordenó fusilar a civiles y militares que intentaron restaurar el orden constitucional quebrado por el golpe de Estado de 1955 contra Juan Domingo Perón.
Este miércoles comenzará en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Martín el primer Juicio por la Verdad sobre aquellos crímenes. El proceso analizará los asesinatos cometidos en los basurales de José León Suárez, donde fueron ejecutados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete hombres lograron sobrevivir a aquella masacre que años más tarde inmortalizaría Rodolfo Walsh en su obra Operación Masacre.
La causa estará a cargo de la jueza Alicia Vence y representa un hecho histórico: por primera vez la Justicia argentina abordará aquellos fusilamientos desde una perspectiva de verdad y reparación. El juicio buscará establecer responsabilidades en el operativo represivo desplegado para sofocar el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle el 9 de junio de 1956.
Participarán familiares de las víctimas y podría incorporarse, mediante video o declaración escrita, el testimonio de Juan Carlos Livraga, el célebre “fusilado que vive”, quien reveló a Walsh los detalles de aquella noche y que hoy, a sus 94 años, reside en California, Estados Unidos. Las audiencias se desarrollarán entre miércoles y viernes.
Pero el alcance del proceso va mucho más allá de los hechos ocurridos en José León Suárez. La querella pretende que este juicio siente un precedente para avanzar en la investigación de otros operativos represivos ejecutados aquella misma noche en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los regimientos de La Plata y Palermo, además de acciones desarrolladas en Viedma, Rosario, Rafaela y Santa Rosa. En total, la represión dejó al menos 27 víctimas fatales.
Tras la sanción de la ley marcial, el general Valle fue ejecutado el 12 de junio de 1956 luego de entregarse con el objetivo de frenar la persecución y las matanzas.
“Tenemos la firme convicción de que los fusilamientos constituyeron delitos de lesa humanidad y que habrá una condena histórica. Nunca hubo una investigación judicial seria sobre estos hechos”, sostuvo el abogado querellante Alberto Palacio, representante ad honorem de los familiares de las víctimas.
La orden de ejecutar a los civiles detenidos en José León Suárez fue impartida por el coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe policial de la provincia de Buenos Aires. Fue él quien ordenó detener a doce hombres reunidos en una casa de Florida la noche del 9 de junio y quien dispuso su traslado a un descampado de San Martín para ser fusilados en la madrugada del día siguiente.
En los últimos días volvió a aparecer su apellido en la escena pública. Según informó La Política Online, el Gobierno de Javier Milei propuso como embajador en México a un nieto de Fernández Suárez, situación que habría generado resistencias en sectores políticos y diplomáticos de México.
El juicio encuentra un antecedente cercano en el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, que en 2022 reconoció como crimen de lesa humanidad y genocidio indígena la matanza perpetrada contra comunidades Qom y Moqoit en 1924. Ese proceso se convirtió en una referencia para la estrategia impulsada por la querella.
Entre quienes esperan el inicio de las audiencias está Berta Carranza, hija de Nicolás Carranza. Tenía apenas dos años cuando su padre fue asesinado. “Espero justicia”, afirmó. Su padre era ferroviario, estaba cesanteado por razones políticas y tenía seis hijos cuando fue fusilado.
Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Alak, anunció que promoverá un nuevo Juicio por la Verdad para investigar las ejecuciones sumarias de Oscar Lorenzo Cogorno, Alberto Juan Abadie, Rolando Zanetta, Ramón Raúl Videla y Carlos Irigoyen, asesinados en la capital bonaerense durante la represión posterior al levantamiento de Valle.
“Los Juicios por la Verdad han demostrado ser una herramienta fundamental cuando el paso del tiempo, la muerte de los responsables o las limitaciones procesales impiden la persecución penal. La verdad también repara, reconoce y restituye dignidad a las víctimas”, sostuvo Alak.
Setenta años después, ya no quedan casi responsables vivos para sentar en el banquillo. Pero la historia sigue reclamando respuestas. Los fusilamientos de 1956 fueron durante décadas una herida abierta que el poder intentó esconder bajo el silencio y la impunidad. Este juicio no podrá devolverles la vida a las víctimas, pero puede devolverles algo igual de importante: el lugar que les corresponde en la memoria colectiva de los argentinos. Porque cuando la justicia llega tarde, la verdad se vuelve una forma imprescindible de reparación. Y porque ningún país puede construir un futuro democrático sólido mientras siga mirando para otro lado frente a los crímenes de su pasado.
Compartimos uno de los podcast de La Patria Sublevada sobre los fusilamientos de 1956 con testimonios de Perón y de Rodolfo Walsh. En estos días donde el odio hacia el peronismo crece es bueno recordar la historia de aquellos hombre que dieron su vida para recuperar un gobierno popular que defienda sus derechos: