La situación política de Manuel Adorni atraviesa uno de sus momentos más delicados. Mientras el Gobierno consiguió ganar algo de tiempo y postergar por una semana la moción de censura que se debatía en el Senado, los cuestionamientos sobre el jefe de Gabinete continúan creciendo y suman nuevos capítulos.
Según trascendió, la negociación para evitar una definición inmediata involucró a Karina Milei, representantes del PRO, sectores de la UCR y a Patricia Bullrich, quien habría impulsado una tregua de siete días para que el Presidente tome una decisión política o para que el propio Adorni dé un paso al costado.
Pero la pausa parlamentaria no detuvo la catarata de denuncias. En las últimas horas, el fiscal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba en la investigación vinculada a la operación con criptomonedas que habría reportado ganancias por unos 500.000 dólares.
Como si eso no alcanzara, apareció otro dato incómodo. En el teléfono celular del contratista Matías Tabar —encargado de las remodelaciones en la vivienda del country Indio Cuá— figura una factura por la compra de sábanas y ropa de cama de alta gama por un total de $8.183.303 en la exclusiva firma Rosen The Store.
La adquisición corresponde a productos premium confeccionados con algodón egipcio de entre 400 y 600 hilos, uno de los segmentos más exclusivos del mercado. Según la documentación conocida, la compra habría sido cargada a nombre de Gisela Kocsis, secretaria de Adorni.
El fiscal también solicitó a la administración del barrio privado Fincas de Iraola 2, en La Plata, que informe si Silvia Pais, madre de Adorni, reside actualmente allí. La medida se dispuso a partir de una noticia que la situaba viviendo dentro de ese barrio. El fiscal quiere saber si esto es así y bajo qué términos se concretó la supuesta mudanza: pidió datos sobre montos pactados, modalidad de pago y eventuales pagos por adelantado.
Las polémicas se suma a una larga lista de operaciones que hoy se encuentran bajo la lupa judicial:
- Un departamento en Caballito adquirido en 2025 con un pago en efectivo de US$ 30.000 y una hipoteca de US$ 200.000 otorgada por dos jubiladas.
- Una casa en el country Indio Cuá declarada en US$ 120.000, financiada parcialmente mediante una hipoteca otorgada por una policía retirada y su hija.
- Refacciones por las que el contratista Matías Tabar aseguró haber cobrado alrededor de US$ 245.000 en efectivo.
- Gastos de ingreso al country cercanos a los US$ 5.000.
- Viajes a Aruba, Punta del Este y España por más de US$ 27.000.
- Una deuda informal de US$ 65.000 con el desarrollador Pablo Martín Feijoo.
- Consumos con tarjeta superiores a los $85 millones durante 2025, pese a ingresos declarados considerablemente menores.
Mientras tanto, en la Casa Rosada se multiplican las versiones sobre una posible salida elegante para evitar un desenlace traumático. Algunos rumores señalan que, si la situación se vuelve insostenible, podría ofrecerse a Adorni un destino diplomático en Miami o alguna capital europea.
El Gobierno logró comprar una semana de tiempo, pero no compró silencio ni explicaciones. Porque mientras millones de argentinos ajustan cada gasto para llegar a fin de mes, la discusión pública gira alrededor de criptomonedas, hipotecas imposibles y sábanas de algodón egipcio por más de ocho millones de pesos. La pregunta ya no es cuánto tiempo puede sostenerse Adorni en el cargo, sino cuánto más puede soportar la credibilidad de un gobierno que prometió terminar con los privilegios y cada día parece más cómodo entre ellos.