El juez federal Carlos Rozanski, presidente del tribunal oral federal 1 de La Plata, denunció que existen presiones para terminar con los juicios por delitos de lesa humanidad.
El magistrado, que tiene a su cargo los juicios por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, afirmó en diálogo con el portal Política Argentina: “Lo que me parece a mí que es evidente es que hay muchas presiones, y hace muchos años que hay presiones de parte de los medios de comunicación muy importantes”.
Y agregó: “En el caso del diario La Nación es explícita y lo hemos denunciado penalmente con dos colegas con quienes integrábamos el tribunal. En el mismo sentido, el diario Clarín hace operaciones muy graves. Eso es también es parte del contexto”. Y acusó: “A mí me consta personalmente que son presiones y que son presiones indebidas. Hay que tenerlo en cuenta porque costó muchísimo esfuerzo y sacrificio a una parte importante de la sociedad ser el único país del mundo que no dejó sin sancionar el genocidio vivido”.
Y contó cómo operan estos medios: “Son los mismos medios que se oponen a la continuidad de los juicios, que han presionado a favor de los acusados. No tiene ningún asidero lo que se ha dicho. Decir que yo alquilé el teatro de un pariente para hacer un juicio de lesa humanidad, en otro contexto, es una broma de mal gusto pero dicho en un programa de televisión masivo es grave. Ningún juez alquila nada, el que alquila es el Consejo de la Magistratura. Es una operación de prensa mafiosa y hay que tenerlo en cuenta porque necesitamos trabajar tranquilos”.
De manual: Peña defendió la prisión domiciliaria a Etchecolatz. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a defender el fallo de la Justicia que le otorgó la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz.
Peña consideró que “si alguien cree que hay que plantear excepciones a la prisión domiciliaria, tiene que plantear una modificación a esa ley”, en referencia al arresto domiciliario concedido el viernes pasado al jefe de la policía bonaerense durante la dictadura condenado a cuatro reclusiones perpetuas por delitos de lesa humanidad y genocidio durante la última dictadura cívico-militar.
“Es un tema claramente de la Justicia. Lo que se ha planteado y discutido es que si hay una ley, hay que cumplirla”, expresó en una entrevista con el diario Clarín.
“Si alguien cree que hay que plantear excepciones a la prisión domiciliaria, tiene que plantear una modificación a esa ley”, afirmó el funcionario. “A priori entendemos que tiene criterio que una persona mayor esté detenida en su casa, son convenciones internacionales”, explicó Peña la postura del Gobierno nacional.