El gobierno bonaerense y los gremios docentes volverán a reunirse el martes para intentar acercar posiciones en el conflicto salarial que ya cumplió doce días de paro en las escuelas públicas bonaerenses. La discusión está trabada en la pérdida salarial de 2016 y en los descuentos. El lunes seguirán las protestas y el jueves habrá paro en todo el país para volver a reclamar que Mauricio Macri abra la paritaria nacional.
La reunión de la comisión técnica salarial está pautada para las 10 en el Ministerio de Economía. Aunque hubo charlas informales entre los dirigentes del Frente de Unidad Docente (que integran SUTEBA, FEB, SADOP, AMET, UDA y Udocba) y funcionarios de María Eugenia Vidal, la negociación no registró avances por ahora. Los gremios esperan que los ministros lleven una oferta superadora.
La última propuesta, realizada el 10 de marzo, consistió en un 19% de aumento en tres cuotas con cláusula gatillo atada a la inflación, más 500 pesos por cargo por única vez en compensación por el poder adquisitivo perdido en 2016. Fue rechazada en el momento por los gremios.
La discusión está trabada en especial en el reconocimiento de la pérdida salarial 2016. Si bien el gobierno admite que los salarios perdieron contra la inflación, hablan de “dos puntos” y no de diez de diferencia respecto del aumento 34,6%, como plantean los gremios. “No quieren dar el brazo a torcer. Parece más posible mover los números de 2017, porque la realidad ya indica que la inflación no va a ser del 4,5% en el primer trimestre, que lo del año pasado”, señalan fuentes gremiales.
El otro punto de conflicto son los descuentos promedio de 600 pesos por cada día de paro. Los gremios llegan a la reunión con una carta a favor: el fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo de La Plata, María Ventura Martínez, que le ordenó al gobierno que se “abstenga” tanto de aplicar quitas salariales como de pagar el “premio” de mil pesos a los que no adhirieron a las medidas de fuerza por entender que “atentan” contra el derecho de huelga.
En su fallo, la magistrada consideró que esas decisiones del Ejecutivo provincial configuraban “actos que alteran, restringen, limitan o afectan la libertad de los trabajadores y de sus entidades gremiales en las negociaciones colectivas; con lo cual deberán en adelante de abstenerse de realizarlas”. Asimismo, apuntó la importancia de que “la elección entre adherir o no a una huelga sea un dilema personal y no, contrariamente, se vea coaccionado por influencias, acciones y medidas externas y con efecto persuasivo sobre su autonomía espiritual”.
Desde el gobierno aseguraron que no fueron notificados del fallo y precisaron que la liquidación de los sueldos de marzo y del plus ya terminó. En el primer caso se incluyeron los descuentos por los primeros cuatro paros, correspondientes a la semana del 6 de marzo, mientras que el “premio” podría pagarse en los próximos días.
A nivel nacional, la discusión está en cero: no hay señales del gobierno tras la masiva marcha a Plaza de Mayo que protagonizaron 400 mil docentes de todo el país el miércoles pasado.
“El conflicto lo veo trabado por el lado nacional porque hay una cerrazón del Gobierno en la decisión de incumplir con el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo y eso va a dificultar la elaboración o configuración de propuestas en las diferentes provincias”, subrayó el titular del SUTEBA, Roberto Baradel. Y contó que, aunque habían acordado reunirse con el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, después de la movilización el funcionario aseguró por los medios que “no se reuniría con los gremios”.
La CTERA convocó en la marcha a un nuevo paro nacional para el próximo jueves. En Buenos Aires, en tanto, sigue el plan de lucha en las escuelas aunque con distintas modalidades de acuerdo al gremio y al distrito. SUTEBA definió paro a partir del lunes.