El diputado nacional Fernando Espinoza manifestó su posición en relación con el proyecto de ley presentado por legisladores de Cambiemos que propone desarrollar un Régimen de Integración Socio Urbana y Regularización Dominial de barrios populares en todo el país. El legislador por la Provincia de Buenos Aires intervino en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Vivienda y ordenamiento Urbano; Legislación General; y Presupuesto y Hacienda, al que asistió la ministra de Desarrollo Social de la Nación Carolina Stanley.
El vicepresidente del bloque de diputados del FPV-PJ hizo una evaluación política y rememoró que en el año 2015 se envió un proyecto de Ley Federal de Regularización Dominial de la Vivienda Familiar al Congreso que fue aprobado por la Cámara baja, tras lo cual evaluó: “si ya tenemos un proyecto de ley que tiene media sanción de esta Cámara, ¿por qué no lo aggiornamos?, ¿por qué no seguimos trabajando sobre ese texto, añadiendo lo que propone este nuevo, como el fideicomiso o la imposibilidad de realizar desalojos por dos años”?. “¿Por qué cada vez que cambiamos un gobierno borramos todo lo bueno que hizo el anterior?”, indagó.
Espinoza realizó una pegunta concreta a la ministra Stanley: si entre 2003 y 2015 se construyeron 1 millón 200 mil soluciones habitacionales, “hasta el día de hoy, en lo que lleva de gobierno el presidente Mauricio Macri, ¿cuántas soluciones habitacionales se dieron en los barrios populares?”. Ante la falta de una respuesta precisa, el legislador dijo que “lo único que vemos es que están paradas las obras de nuevos barrios que se venían construyendo hasta 2015″ y resaltó que “esa es la realidad en la que vivimos y no el mundo de fantasías que nos quieren hacer creer”.
El diputado denunció que en el listado elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional como sitios que deben ser urbanizados “figuran barrios que prácticamente están regularizados”. Además, subrayó que “en el caso de municipios de la Provincia de Buenos Aires recién terminamos de hacer un sondeo con distintos intendentes y hemos advertido que no fueron convocados ni avisados”. Por el contrario, “se enteraron del censo cuándo ya se estaba haciendo, porque iban los vecinos a las delegaciones municipales con el comprobante dado por los censistas que habían pasado y que les decían que supuestamente a partir de eso iban a poder tener la escritura o el certificado de dominio”. El legislador bonaerense inquirió: “¿cuál es el criterio para expropiar y pretender consolidar barrios que, por ejemplo, no tienen factibilidad hidráulica?”.
En su alocución, Espinoza aseguró que “acá tenemos que trabajar todos juntos” y analizó que “el gobierno nacional dice que estamos viviendo en una nueva Argentina de diálogo, pero en una ley y en un tema tan importante como este, claramente no hay diálogo posible si dejan de lado a los protagonistas naturales del problema, como son los intendentes y las organizaciones de cada barrio”.
El exintendente matancero remarcó que “obviamente estamos de acuerdo con la pronta respuesta para dar una vivienda digna para cada familia” tras lo cual instó a sus pares de todos los bloques y a los funcionarios nacionales presentes a “discutir seriamente cómo vamos a solucionar de verdad el problema del hábitat y la urbanización de barrios y asentamientos”. En esa dirección, consultó: “¿para cuántos de estos barrios que están en la ley está previsto solamente entregar un certificado dominial o realmente generar el cambio con justicia social y dignidad que necesita nuestro pueblo, asegurándole la construcción de viviendas y el acceso a todos los servicios que cualquier argentino se merece?”.
Además, pidió “declarar la emergencia habitacional en Argentina” ya que “hemos esperado más de dos años y no podemos seguir esperando”. Mucho menos “si tenemos en cuenta que mientras tanto el presidente Macri dejó que los más ricos se llenaran los bolsillos y ahora estemos recurriendo otra vez al Fondo Monetario Internacional, sabiendo las consecuencias que nos traerá: más pobreza y más desocupación, perjudicando el salario y las jubilaciones”, remarcó.
Al dirigirse directamente a la ministra Stanley, el diputado recalcó que “conforme a lo que dice el artículo número cinco, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dictarán las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias de la ley”. Asimismo, le a la ministra de Desarrollo Social: “¿no le parece que la ley debería incluir más certezas?, para evitar que la reglamentación fije parámetros de selección que pueden ser tendenciosos o favorecer en algunos casos a determinados municipios o provincias”.