En una abierta violación a la ley, el Gobierno de Mauricio Macri autorizó el ingreso al país de un grupo de fuerzas especiales el Ejército de Estados Unidos, para que instruyan a gendarmes y policías que van a participar en el operativo de seguridad en torno a la Cumbre de Líderes del G20 que se realizará el 30 de noviembre y 1 de diciembre en Buenos Aires.
Horas atrás un avión de la Fuera Aérea norteamericana aterrizó en el aeropuerto militar de El Palomar, trayendo a un número no precisado de efectivos de las fuerzas especiales del Ejército del país del norte, a pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los militares estadounidenses pertenecen al Comando de Operaciones Especiales Sur (Coesur), una unidad subordinada al Comando Sur (Southcom), la división del Pentágono que proporciona planificación de contingencias, operaciones y cooperación en países de la región y del Caribe.
Pudo saberse que los oficiales permanecerán hasta el 3 de agosto próximo, y el objetivo es capacitar a unos 40 integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales (Geof) de la Policía Federal.
“La capacitación ayudará a perfeccionar técnicas y tácticas que permitirá a ambas fuerzas adquirir nuevas destrezas para el cumplimiento de sus respectivas misiones, fortaleciendo las relaciones y los lazos de amistad entre ambos países”, dijo oficialmente la representación diplomática, a cargo del ex juez Edward Prado.
Desde la cartera de Seguridad precisaron que el ejercicio conjunto tiene un costo de u$s 1.500.000, que Estados Unidos cubrirá en su mayoría por los conceptos de transporte aéreo, alojamiento y viáticos, mientras que el Gobierno argentino afrontará los gastos de transporte interior. Y se aclaró que “el armamento y las municiones estarán en todo momento bajo custodia del Geof”.
La noticia de este operativo conjunto cayó mal entre las Fuerzas Armadas, donde encontraron un nuevo motivo para protestar frente al trato diferencial que reciben las fuerzas federales, en medio de la polémica por su magra reactualización salarial, que aleja los haberes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de los que perciben en Gendarmería, Prefectura o la Policía Federal.
En tanto, el arribo de tropas extranjeras, sin autorización del Senado, pone en en evidencia que no existe un procedimiento legal que habilite el ingreso de los militares al país.
Según lo estipula la ley 25.880, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de solicitar al Congreso la autorización del ingreso de tropas extranjeras, y sólo puede saltear este procedimiento “mediante un acto fundado” en circunstancias estipuladas: razones de ceremonial; situaciones de emergencia, operaciones de búsqueda y rescate, o adiestramiento de los institutos de educación militar y equivalentes de las fuerzas de seguridad, pero en este caso no se registra ninguno de esos motivos.