El periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, ratificó ante la Justicia que durante 2015 el entonces candidato Mauricio Macri se reunía con los principales empresarios del país, y ante el asombro de los hombres de negocios les exigía el 1 % del patrimonio de ellos para él, en el marco de la campaña electoral, “porque el 99 % restante iba a valer mucho más con él como presidente”.
El reconocido periodista lo confirmó ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien lo citó a declarar para que ratificara o no lo que cuenta en su libro “La raíz de todos los males”, donde también detalla distintos métodos de recaudación y algunas de las empresas más entusiastas, entre ellas varias contratistas del Estado, y parte incluidas en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
En su declaración, ignorada por los grandes medios, incluido el propio diario para el que escribe Alconada Mon, sostuvo que “esos eventos ocurrieron desde mediados del 2014, y a lo largo de todo el 2015, una vez que el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció su candidatura a presidente de la Nación”.
Agregó que “a partir de ese momento, montó un equipo de campaña con varios referentes para el eje político, marketing y financiamiento electoral, quedando este último eje bajo el liderazgo de Nicolás Caputo y Edgardo Cenzón. Estos dos referentes coordinaron un equipo abocado a recaudar fondos que terminaron superando los $ 1.760 millones, apoyado en la recaudación que obtuvieron de medianos y grandes empresarios, aportes de funcionarios y militantes, y en un determinado momento, un adelanto financiero del propio Nicolás Caputo, cuando las encuestas mostraban tercero a Macri”.
Alconada Mon precisó que “entre los empresarios que aportaron fondos aparecen empresas constructoras, de seguridad privada con contratos vigentes o ya vencidos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así también algunos de los empresarios que figuran hoy en la causa “Cuadernos de la corrupción”, al igual que cámaras sectoriales, como Cilfa (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos)”.
Luego el periodista explicó como se habrían hecho los pagos: “Con respecto a los aportes en efectivo, recuerdo que uno de los mayores problemas que tuvieron todos los equipos de campaña es que las donaciones se entregaban en dólares, y siendo aportes clandestinos, debían recurrir a cuevas financieras, lo cual llevaba a otra dificultades, porque no en todas las provincias contaban con cuevas financieras de confianza y liquidez suficiente para cambiar los montos requeridos, lo cual llevó a su vez a los equipos de campaña a la necesidad de transportar fortunas en efectivo, en avión o en camionetas por todo el país”, relató.
Por otra parte, en referencia a cómo simulaban la bancarización, se recurría a un truco por el cual los equipos de campaña repartían fondos entre militantes y voluntarios, para que se presentaran en los bancos, los depositaran como propios, en ciertos casos a cambio de una comisión, y transfirieran esos fondos a la campaña”.
El juez quiso saber más y preguntó sobre los beneficios que pudieron haber recibido esas empresas tras los suculentos aportes. “Logré reconstruir que Macri, repetidas veces, afirmó que ese aporte del 1% quedaría más que compensado por las políticas pro mercado que como presidente impulsaría, como así también políticas sectoriales, que permitirían revitalizar áreas de la economía que redundarían en beneficios generales para las empresas, pero en ningún momento logré verificar si durante ese intercambio de promesas por aportes se habló o prometió beneficios específicos para empresas particulares”, explicó.
Ya en la última parte de la declaración, el periodista dio detalles sobre el rol de las fundaciones vinculadas al PRO en el financiamiento de la campaña. “En el 2015 (las fundaciones) fueron un canal para la recepción de fondos, con menos controles, y su posterior gasto en la campaña”.
Agregó al respecto: “Recuerdo en particular el caso de la Fundación SUMA, en la cual figura la actual vicepresidenta Gabriela Michetti, que dijo haber sufrido un robo que no denunció durante semanas, y que incluía entre sus donantes a algunas de las empresas más importantes de la Argentina, como Techint y Panamerican Energy, y algunas de las empresas con mejor relación con el gobierno porteño, como la constructora CRIBA”.