Desconcierto, sorpresa, enojo, indignación: son las reacciones que anoche inundaron los despachos oficiales, después de conocerse que la Corte Suprema de Justicia había frenado, por cuatro votos a uno, el juicio por la obra pública que se iba a iniciar la semana próxima, el 21 de mayo, contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido y otros imputados. El único que votó en contra fue el presidente del tribunal, Carlos Rosenkranz, quien otra vez quedó en soledad.
En su resolución –que los grandes medios calificaron como “sorpresiva” y hasta “sospechosa”, para favorecer a la ex presidenta-, la Corte le pidió al Tribunal Oral número 2 (TOF 2) que le envíe todo el expediente para analizar “una privación de justicia” planteada por el abogado de Cristina, Carlos Beraldi.
Cuando en las próximas horas el TOF 2 envíe el expediente completo de la causa obra pública, el máximo tribunal lo analizará “lo más rápido posible”. Sin embargo, se estima que aún trabajando a destajo, las audiencias difícilmente puedan comenzar antes de las PASO de agosto, y no se descarta que recién pueda concluir el análisis de los voluminosos expedientes recién para fin de este año, es decir, después de las elecciones presidenciales de octubre.
Al tener que enviarle la causa a la Corte, el paso siguiente es que el máximo tribunal deberá ordenar las cosas para que el proceso se inicie como corresponde cuando estén las pruebas realizadas. Fuentes del TOF 2 reconocieron que la decisión les parece razonable. “Peor es arrancar y que después nos afecten las nulidades”, sostuvieron.
Beraldi había pedido la realización de pruebas elementales como una pericia sobre las obras cuestionadas. En total son 51, pero el TOF 2 sólo admitió que se haga sobre cinco obras y el trabajo ni siquiera está terminado.
La base de la causa de la obra pública fue una gravísima manipulación concretada al inicio del expediente. Javier Iguacel, uno de los funcionarios más antikirchneristas del gobierno de Mauricio Macri fue designado al frente de Vialidad el 15 de enero de 2016. Al día siguiente ordenó una auditoría sólo sobre las obras viales de Santa Cruz. No le importaron los demás 23 distritos, ya que su objetivo era ir contra el gobierno anterior.
“Lo que se estaba por hacer era de gravedad institucional –señaló Beraldi–. Se quería iniciar un juicio, con toda la repercusión del mundo, contra una ex presidenta, respecto de obras en las que ella no tuvo la menor participación. Pero lo central es que no nos admitieron la realización de pruebas elementales. No pedimos algo extraordinario, no pedimos ningún privilegio. Los fiscales Pollicita y Mahiques, éste último puesto por el gobierno, hicieron una instrucción totalmente amañada y hubo una clarísima obstrucción de justicia porque nos impidieron esas pruebas tan sencillas y habituales”.