Más de $ 7 millones le costó al Estado que el (ahora ex) testigo protegido Leonardo Fariña se convirtiera en una figura central para el armado de una causa (“la ruta del dinero K”) contra la vicepresidenta electa Cristina Kirchner, por lo que fue uno de los hombres clave del ministro de Justicia, Germán Garavano.
En la causa que investiga una red de espionaje ilegal, en Dolores, “uno de los que ha ‘suministrado información’ fue un arrepentido, el señor Fariña”, dijo CFK el lunes durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N°2.
Según revela hoy “El Destape”, Fariña le costó al Estado al menos $7.567.812 (declarados), sin contar los gastos operativos, los autos de custodia y los sueldos de los efectivos de seguridad destinados a cuidarlo. Por lo tanto, se trata de un piso destinado sólo a darle un alto estilo de vida.
Fariña ingresó al Programa Nacional de Testigos Protegidos e Imputados el 8 de abril de 2016 y renunció el 21 de noviembre de este año. O sea, pasó más de 40 meses dentro de este sistema, cuando la ley sólo permitía seis. Mauricio Macri, por decreto de necesidad y urgencia, modificó esta legislación para crear una Agencia y extender el plazo de pertenencia hasta 36 meses.
Su incorporación al Programa necesitó de los argumentos y la venia del propio Garavano, de quien depende este organismo. Según declaró Giselle Robles, ex abogada de Fariña, el encuentro con el ministro se concretó a través del periodista Luis Majul, que facilitó el contacto. La reunión se dio y ‘rodete’ (tal como apodan a Fariña) “le comenta que estaba próximo a dar su ampliación de indagatoria y Garavano le dice que continúe en la misma línea que hasta ahora”.
Así, declaró el 8 de abril de 2016. Previo a ello, le dijo a Robles “que había acordado con los servicios de inteligencia, que tenía que recibir mediante una casilla de correos determinados mails donde debía incluir en su declaración el tema de la obra pública con el objetivo de, a través de Lázaro Báez, llegar a Cristina Kirchner. El guión que él recibió es ese y fue a través de agentes de la AFI”.
Después de esa ampliación, Fariña comenzó a recibir una innumerable cantidad de beneficios. En principio, la libertad. Su excarcelación estaba sujeta a su pertenencia al Programa de Testigos Protegidos, que abandonó hace dos semanas. Pero también obtuvo “premios” económicos y de estilo de vida por seguir ese guión contra Cristina Kirchner.
Por ejemplo, fue beneficiario de alquileres extremadamente costosos que empezaron con $20.000 (que en 2016 significaban mucho más que hoy para el bolsillo), para terminar con montos que superaban los $80.000 mensuales, con expensas incluidas.
A diferencia de muchos otros protegidos, Fariña recibió varias libertades. Tuvo un celular propio, cuyo chip debió cambiar mensualmente y se mostró en programas de televisión masivos (lo que está prohibido por ley).
Además, “rodete” habitó domicilios no aceptados por Prefectura (organismo a cargo de su seguridad) para mantenerlo bajo resguardo, y fue beneficiario de la prepaga OSDE por casi dos años, con montos que comenzaron rondando los $8.000 y terminaron en torno a los $10.000.
En sus tres años y medio dentro del Programa, tuvo la posibilidad de manejar su propio auto, un Peugeot, cuyo seguro pagó siempre el organismo. Tanto éste como OSDE están a nombre de otras personas. La prepaga figura bajo Mónica Andrea Palumbo, a quien identificó como su pareja. Se trata de una psicóloga del Servicio Penitenciario con quien tuvo relación durante su detención en Ezeiza.
Pero no sólo él sacó rédito de vivir bajo el ala del Estado. Con la excusa de una delicada situación de salud de su padre, el Programa de Testigos le pagó la prepaga IOMA – bastante más barata que la del protegido, ya que la cuota rondó los $1200 -, así como los servicios de su hogar en La Plata y las cuentas del teléfono.
Al revisar la causa de Dolores, mencionada por Cristina, “El Destape” encontró que el juzgado de Alejo Ramos Padilla le solicitó a Francisco Lagos, director del Programa en cuestión, saber si efectivamente Fariña fue beneficiario de la prepaga mencionada. Con una vaga argumentación dada el 22 de agosto, el directivo aseguró que “rodete” recibió amenazas telefónicas, presenció dos tiroteos y fue víctima de varios incidentes que pusieron en riesgo su seguridad.
Y detalló que el Juzgado Criminal Correccional Federal 7 pidió reforzar los cuidados del protegido, lo que derivó en varias relocalizaciones. Respecto a su salud, aseguraron que para atender a distintos “inconvenientes” – sin detallar cuáles – y “ante los riesgos evaluados”, resolvieron pagarle OSDE “durante el tiempo indispensable” para completar un tratamiento.