La jueza federal María Romilda Servini ordenó investigar las llamadas telefónicas realizadas entre el expresidente Mauricio Macri y los miembros de la denominada “Mesa Judicial”, entre enero de 2016 y agosto de 2019, en el marco de la causa que se lleva por la persecución al Grupo Indalo. Además, solicitó al juzgado de Lomas de Zamora las pruebas sobre el espionaje ilegal sufrido por Fabián de Sousa, accionista de este grupo, en el Penal de Ezeiza.
Con el fin de avanzar en la causa en la que se investiga la persecución y presiones sufridas por accionistas y empresarios del Grupo Indalo durante el gobierno macrista, la jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 ordenó que se periten los teléfonos de Macri y de los integrantes de la “Mesa Judicial”, junto con el de varios empresarios implicados en la compra de las empresas de ese Grupo y solicitó al juez federal del Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, información probatoria sobre las escuchas que habría sufrido el accionista Fabián De Sousa mientras estuvo detenido en el Penal de Ezeiza.
La jueza dispuso la investigación de las llamadas de José María Torello, Nicolás Martín Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Eugenio Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Germán Cuccioli y de los empresarios Martín Rapallini, Orlando Terranova e Ignacio Jorge Rosner, todos denunciados por Fabián De Sousa en el mismo expediente que involucra a Macri, para determinar si esas llamadas se relacionan con los hechos que mencionó el accionista, quien afirmó haber sido presionado y amenazado por funcionarios de Cambiemos con el objetivo de robarle sus empresas, por no seguir la misma línea política.
De acuerdo con esto, en un escrito de 12 páginas Servini estableció que, en la investigación, se precise la ubicación aproximada de los dueños de los teléfonos para averiguar si las llamadas coinciden con el escenario en que se desarrollaron las situaciones que se revelaron en la acusación. Así, solicita el cruce de llamadas entre Macri, sus funcionarios y empresarios “en una fecha cercana a 10 días anteriores y posteriores a los siguientes eventos” y detalla en una línea temporal los hechos que ocurrieron entre marzo de 2016 y agosto de 2019.
Por otra parte, se remarcan las presiones que recibió el Grupo Indalo, tanto en el ámbito público como en el privado, para que se desprendieran de sus empresas, por lo que la jueza federal sostuvo, sobre la base de la denuncia, “la existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces presidente de la Nación Mauricio Macri – o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.
Estas disposiciones se suman al pedido de indagatoria a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ambos señalados por el espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, realizado en el contexto de la investigación que lleva adelante el juez federal Juan Pablo Auge.
1 comentario
A LA CÁRCEL ESTE GORILON YA ES HORA !!!