La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a mostrar la fuerza de la movilización popular en defensa de la educación pública. Miles de personas se concentraron frente al Congreso para exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, mientras la oposición intentaba avanzar con una sesión para tratar la emergencia en discapacidad, buscar respuestas para millones de argentinos endeudados y rechazar el DNU 70/23. La respuesta del oficialismo fue doble: la sesión fracasó por falta de quórum y, en las calles, la Policía reprimió a los manifestantes con camiones hidrantes.
La jornada dejó al descubierto dos caras de una misma política: un Gobierno que desoye los reclamos sociales y una oposición que no consigue reunir los votos necesarios para frenar sus decisiones. Mientras miles de argentinos defendían la universidad pública, los aliados parlamentarios de La Libertad Avanza evitaron que el Congreso debatiera temas centrales para la vida de millones de personas.
Represión frente al Congreso
Tras la caída de la sesión y mientras avanzaba la marcha universitaria, las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo en las inmediaciones del Congreso. La Policía utilizó camiones hidrantes contra los manifestantes sobre la avenida Rivadavia y la calle Callao, mientras el acto central se desarrollaba en la plaza.
La movilización había reunido a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, organizaciones sociales y ciudadanos que defienden la educación pública como un derecho y una herramienta fundamental para el desarrollo del país.
Pese al operativo de seguridad, los organizadores pudieron leer el documento central, en el que expresaron la voluntad de la comunidad universitaria y de amplios sectores de la sociedad de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El texto advirtió sobre la gravedad de que el Gobierno desconozca una norma sancionada por el Congreso y recordó que la Justicia había cuestionado la pretensión oficial de anularla y ordenado el cumplimiento de disposiciones vinculadas con los salarios docentes y las becas estudiantiles.
«Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social», señalaron los organizadores.
La marcha volvió a plantear una discusión de fondo: qué modelo de país se construye cuando se restringen los recursos para las universidades, se deterioran los salarios y se pone en riesgo la continuidad de actividades científicas y educativas.
El Congreso, sin quórum
Mientras miles de personas se movilizaban en las calles, la Cámara de Diputados ofrecía otra imagen de la crisis política.
A las 14.30, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por fracasada la sesión convocada por la oposición. El temario incluía la prórroga de la emergencia en discapacidad, iniciativas para buscar respuestas al endeudamiento de las familias y el rechazo al DNU 70/23.
El tablero registró 121 diputados presentes, ocho menos de los necesarios para alcanzar el quórum reglamentario. Aunque los impulsores de la sesión anticipaban dificultades para reunir el número, decidieron mantener la convocatoria para dejar en evidencia a quienes no asistieran.
Entre los ausentes estuvieron representantes de bloques aliados al oficialismo, como el PRO, sectores de la UCR, el MID y Producción y Trabajo. También faltaron legisladores de distintas fuerzas provinciales, incluidos representantes de Provincias Unidas y del bloque Independencia.
La ausencia de esos diputados impidió abrir el debate sobre cuestiones que afectan directamente a millones de argentinos. La oposición cuestionó especialmente la falta de compromiso de quienes, pese a haber acompañado iniciativas o firmado pedidos de sesión, finalmente no estuvieron presentes.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, destacó que el temario incluía una respuesta para cerca de 20 millones de argentinos endeudados, además de la emergencia en discapacidad y la discusión sobre el DNU.
Martínez cuestionó que el Gobierno considere el endeudamiento de las familias un «asunto entre privados», sin asumir la dimensión social del problema.
«Si alguien cree que el pueblo argentino se va a doblegar, no conoce al pueblo argentino», advirtió el diputado, al referirse a la movilización universitaria y a la voluntad de continuar reclamando.
Una sociedad que reclama, un Gobierno que no escucha
La jornada dejó una señal política que el Gobierno difícilmente pueda ignorar: la defensa de la universidad pública continúa movilizando a amplios sectores de la sociedad, mientras crece la preocupación por los derechos sociales y las consecuencias del ajuste.
La represión frente al Congreso y la caída de la sesión parlamentaria marcaron una jornada atravesada por la tensión. En las calles, miles de personas reclamaron educación y derechos; dentro del recinto, la falta de quórum impidió discutir iniciativas vinculadas con la discapacidad y el endeudamiento de los hogares.
Milei puede intentar imponer su modelo a fuerza de ajuste y represión, y sus aliados pueden bloquear el debate ausentándose del Congreso. Pero hay algo que todavía no consiguieron: silenciar a una sociedad que defiende sus derechos. La universidad pública no se rinde, y un pueblo que sale a la calle para defenderla demuestra que la democracia no se agota en los votos de una sesión ni en las decisiones de un Gobierno.