Horacio Rodríguez Larreta logró su objetivo: la Legislatura porteña aprobó el proyecto impulsado por el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para la rezonificación urbanística de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Con 35 votos a favor y 22 en contra, la iniciativa oficialista, que ahora deberá pasar por audiencia pública y segunda lectura, habilitó la construcción de un barrio de lujo con diez bloques de edificios que irán de los 18 a los 29 metros de altura en 7,5 hectáreas del sector de Costa Salguero.
En ese predio de la Costanera Norte, donde el metro cuadrado puede superar los 9 mil dólares, se contemplan concesiones con usos amplios y construcciones de hasta 12 metros y un helipuerto en las 14 hectáreas linderas, donde estuvo Punta Carrasco. Mientras organizaciones sociales y ambientalistas convocaron a un ‘tuitazo’ en las redes sociales con el hashtag #NoVendanLaCostanera, y algunos manifestantes protestaban en la puerta del edificio, adentro del recinto los legisladores de la oposición efectuaron duras críticas a la ley que privatiza un área de la costanera.
En la sesión, la legisladora de Vamos Juntos y presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, fue la encargada de abrir y cerrar el debate. En sus intervenciones, defendió la ley impulsada por el jefe de Gobierno porteño para modificar las normas urbanísticas del Distrito Joven, dentro del cual están Costa Salguero y Punta Carrasco, así como también los dos convenios con desarrolladores inmobiliarios (Koolhaas S.A, y las firmas Arkinver y kilómetros S.A.) que rezonifican terrenos que ya fueron vendidos en Villa Crespo y Palermo, y que también fueron aprobados durante la asamblea.
El Frente de Todos dividió sus 20 minutos de intervención entre los legisladores Javier Andrade y Matías Barroetaveña. Andrade señaló la preocupación que generó el debate por la privatización de las tierras públicas de la Costanera, tanto en algunos medios como en las redes sociales y las organizaciones sociales. Y advirtió que el proyecto introduce la división parcelaria del sector Costa Salguero que en la ley vigente no está permitida, lo que abre la puerta a futuros loteos en los otros cuatro sectores en que se divide el Distrito Joven.
En tanto, Barroetaveña remarcó que “detrás de la denominación amigable de ‘Distrito Joven’, se esconde el verdadero propósito que es construir torres de 30 metros frente a Aeroparque, cuyo destino final será seguramente la explotación de alquileres temporarios”. Y recordó, en base al informe que elaboró con su equipo, que “desde la llegada del gobierno del Pro, la Ciudad vendió alrededor de 150 hectáreas, lo que equivale a la superficie de un barrio como San Telmo. A esto hay que sumarle las 70 hectáreas de tierra nacionales en las ciudad que vendió Macri cuando fue presidente”. Y agregó que en un contexto donde hay un creciente déficit habitacional en la Ciudad y faltan espacios verdes, con esas tierras se “podrían haber desarrollado viviendas para 161.000 personas. O se podrían haber ampliado los espacios verdes en un 40 por ciento”.
En el debate legislativo de ayer, el oficialismo porteño presentó toda la operatoria como parte de la recuperación del río y como un círculo virtuoso donde “solamente” el 35 % del espacio se destina a emprendimientos inmobiliarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos detalles más.
El primero es que ese 65 % de espacio público le va a dar valor agregado a los desarrollos inmobiliarios. Una vivienda al lado de un parque frente al río es más cara que en otra zona de la ciudad. Ese valor agregado, por cómo está implementado el pago de plusvalías urbanas en CABA, se lo queda entero el desarrollo inmobiliario y no la Ciudad. Es decir que el 65 % que cede el privado le vuelve en forma de valorización de sus propios inmuebles.
La construcción de este barrio vuelve a poner sobre el tapete el déficit habitacional crónico y el avance de la privatización de espacios públicos, además de profundizar la grieta histórica entre el Norte y Sur de la Ciudad. Todas problemáticas que se potenciaron aún más con la pandemia.
Y por supuesto, queda flotando la sensación de que la norma aprobada vendría a ser algo así como la visión de una Legislatura que se convierte en un kiosco que vende leyes y normativas a favor de empresarios inmobiliarios y, en el caso de Costa Salguero, para construir un Puerto Madero II con el único objetivo de la especulación inmobiliaria.
1 comentario
Por lo que he visto y oído este tema se toma como como una posibilidad aunque este predio asistió hace muy pocos años al accidente de LAPA, pero si no hubiese ocurrido las proximidades de los aeropuertos están sujetos a normas de seguridad por riesgo a las personas y por contaminación acústica y química muy rigurosas, en particular Argentina adhiere a las de OACI y se puede verificar que el Manual de Planificación de Aeropuertos de esta organización mundial es muy detallado en cuanto a la obtención de huellas (footprints) respecto a las variables de riesgo social e individual a terceros en tierra, de contaminación acústica y de contaminación por partículas químicas derivadas de la combustión durante despegues y aterrizajes, un examen superficial de los estudios realizados para las ampliaciones de Schiphol (Amsterdam), Zurich y Barcelona hechos bajo esta normativa demuestra que en caso de existir edificios, los mismos deberían ser demolidos como tendría que ser en El Palomar con los barrios y colegios próximos a ambas cabeceras de pista. En los Estados Unidos de América si bien el organismo rector es la Federal Aviation Administration, las cercanías de aeropuertos están bajo normas estaduales siendo uno de los mejores el California Land Use Planning Handbook utilizado para la ampliación del aeropuerto Saint Paul/Minneapolis pero también puede consultarse los estudios para el Chicago O’Hare, y en ambos casos se ve lo escrupuloso que debe ser el tratamiento de las proximidades a las cabeceras de las pistas y la precisión necesaria en el delineado de las citas huellas.
Por lo expuesto debo decir que así como El Palomar está en franca infracción y ha sido habilitado de forma ilegitima alterando en las reglamentaciones nacionales el sentido de las directivas internacionales en materia de manejo de tierras en las proximidades de aeropuertos, habilitar la construcción de edificios en las trayectorias de despegue y aterrizaje en las proximidades de las cabeceras de pista como en este caso, es una violación de las citadas normas, con consecuencias seguras en la salud por los problemas derivados de los compuestos precipitados y de la alteración producida por el sonido a los habitantes de esas construcciones y probables en caso de accidente catastrófico como ya ocurrió con el famoso vuelo de LAPA