Horas antes de que la comisión de Justicia del Senado se reúna para debatir el mecanismo sobre la designación y remoción del Procurador General de la Nación, dos entidades que nuclean a los jueces y fiscales afines a la estructura conservadora y tradicional que se simboliza en los tribunales de Comodoro Py, salieron con los tapones de punta para presionar al Gobierno y al Congreso respecto a esa cuestión, y que no deja de ser una burda defensa de Eduardo Casal, el Procurador interino bancado por el macrismo.
A través de un comunicado, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), lanzaron una dura advertencia frente a la discusión de proyectos de ley “absolutamente inconsultos”, que atentan contra el “espíritu de independencia” de sus cargos, y que provocan “profunda preocupación”.
“Genera una enorme preocupación y rechazo, debido a la manera en la cual se da tratamiento a la institucionalidad y las funciones que deben cumplir las y los fiscales”, señala la declaración firmada por los fiscales Carlos Rívolo y Susana Pernas, presidente y secretaria general de Affun, para enumerar: “Modificando y debilitando los modos de elección y remoción del Procurador General, proponiendo una inusitada reelección del mismo, generando una integración mayoritariamente de naturaleza política en el Tribunal de Enjuiciamiento y con un poder de discrecionalidad en la posibilidad de habilitar procesos disciplinarios”.
Por su parte, la Amfjn pidió “consenso” para impulsar cambios en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, tras expresar su “profunda preocupación” por los proyectos legislativos que promueven esas modificaciones: “Las leyes orgánicas que regulan institutos de la Constitución derivan directamente de la norma suprema que hemos jurado defender, en este caso el artículo 120, y no pueden ir contra su letra ni contra su espíritu”, dijo la entidad en un comunicado firmado por su presidente, Marcelo Gallo Tagle, y su secretario general, Enrique Comellas.
Estas presiones surgen en momentos en que se mantiene bajo llaves en el Senado el pliego de Daniel Rafecas, propuesto por Alberto Fernández para encabezar la Procuración General. El pliego de Rafecas abrió una pelea interna en Juntos por el Cambio, que llevó finalmente a exponer las diferencias que existen sobre el ofrecimiento del presidente y los pasos a seguir en torno al Ministerio Público Fiscal.
El comunicado de Affun señala que “viene ofreciendo de manera permanente a las autoridades legislativas su conocimiento, experiencia y voluntad para colaborar en proyectar legislación en el sentido de alcanzar la puesta en marcha del sistema acusatorio en el orden procesal penal y una más moderna gestión en el área no penal”.
Luego de eso, señala que surgen “proyectos de ley absolutamente inconsultos y contrarios al espíritu de independencia, autonomía funcional y autarquía financiera que la Constitución Nacional ha establecido en su artículo 120, genera una enorme preocupación y rechazo debido a la manera en la cual se da tratamiento a la institucionalidad y las funciones que deben cumplir las y los fiscales”.
El comunicado se cierra con una advertencia de los fiscales al contrasentido planteado entre la puesta en marcha del sistema acusatorio en la Justicia Federal, que luego de años de discusión y análisis apuesta a dotar de mayor protagonismo a los fiscales en los expedientes, con la avanzada de proyectos que apuntan contra la estabilidad de esos mismos fiscales y del Procurador general de la Nación.
“En resumen, la pretendida mejora del servicio de Justicia, a través de este y otros proyectos de ley, no es más que dar por tierra desde su nacimiento al sistema adversarial y a las y los fiscales en la posibilidad de desempeñarse de manera independiente y autónoma en su función, recordando una vez más que esto no es una garantía individual y corporativa de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, sino que integra el acerbo de toda la sociedad”, concluye la Affun.
En tanto la Amfjn remarcó que los cambios “requieren consensos amplios que impliquen un compromiso conjunto, que trascienda las decisiones de mayorías políticas circunstanciales”. Además, reivindicó “la independencia, la autonomía funcional, y la autarquía financiera de los Ministerios Públicos como garantías institucionales instauradas a favor de toda la sociedad y de toda persona”.
“Desde esta Asociación, representativa de todos los estamentos del sistema de justicia, solicitamos a nuestros legisladores, tal como hicimos coherentemente en 2017, el pleno respeto a la institucionalidad e independencia de los Ministerios Públicos, en el marco de un Estado de Derecho”, añadió la entidad.
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