Dos jueces vinculados a Juntos por el Cambio resolverán el litigio iniciado por la empresa Farmacity, propiedad del ex funcionario macrista Mario Quintana, para poder operar en la provincia de Buenos Aires, pese a que la normativa provincial lo impide.
Los magistrados que definirán la suerte de Farmacity son Martín Irurzun y Mirta Gladys Sotelo de Andreu, quienes fueron sorteados para intervenir como magistrados de la Corte Suprema en la causa Farmacity, tras la excusación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Irurzun y de Andreu se sumarán así a Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes deberán definir si hacen lugar al planteo de la empresa o si por el contrario lo rechazan.
Irurzun es el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py, mientras que Sotelo de Andreu se desempeña en el mismo cargo pero en la Cámara Federal de Corrientes. Además, para cada uno de los cargos se sorteó un suplente, en caso de que no puedan o se excusen de participar. Como suplente del camarista porteño resultó seleccionado Jorge Morán, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, mientras que el otro es Gustavo Hornos, titular de la Cámara Federal de Casación Penal en el ojo de la tormenta por unas seis visitas realizadas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri.
¿Qué pide la empresa? Que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 14 de la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires, que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y no incluye a las sociedades anónimas, como dicha compañía, en la enumeración de las distintas categorías de sujetos que pueden ser titulares de ellos.
En el caso, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se expidió sobre la constitucionalidad del artículo 14 de la ley 10.606 y estimó “inoficioso” pronunciarse acerca del artículo 3. Entonces, la empresa interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En abril de 2018, la procuradora ante el máximo tribunal, Laura Monti, avaló la posición de la empresa, y durante noviembre de ese mismo año se realizaron audiencias públicas.
El trámite se realizó al no haber unanimidad entre Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda para definir el litigio en un sentido o en el otro, por lo que la definición quedará en manos de los dos magistrados llamados a definir junto a la Corte, en este expediente en particular.