La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Salud y a la Suprema Corte provincial que se adopten “medidas urgentes” para mitigar el impacto de la segunda ola de Covid-19 en el encierro, entre ellas la vacunación de las personas detenidas.
En un comunicado, el organismo detalló que realizó 32 inspecciones en 27 unidades penitenciarias de toda la provincia y confirmó la crítica situación que persiste: sobrepoblación y hacinamiento extremo que impiden el distanciamiento social, falta de elementos de higiene o agua potable que tornan imposible el lavado frecuente de manos, carencia de elementos para la limpieza y sanitización, incumplimiento de los protocolos sanitarios impuestos por los ministerios de salud, nulo o deficiente acceso a la salud, bajos índices de testeos y falta de vacunación de la población de riesgo.
“Al día de hoy, la situación de contagio en las cárceles bonaerenses es bastante difícil de calcular porque la información no ha sido ni rigurosa ni completa: hasta el 12 de marzo de este año, se habían realizado sólo 345 hisopados en las unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense”, explicó la CPM en el documento.
Puntualizó que “en una población de más de 44 mil detenidos, ese número de testeo representa una tasa de 9 hisopados cada 1.000 personas; cifra notablemente más baja que las tasas provincial (131), nacional (164), del Servicio Penitenciario Federal (103) y de las comisarías bonaerenses (418)”.
La Comisión también señaló que en esta situación, “al aparecer un caso sospechoso, las medidas sólo consisten en aislar a pabellones enteros sin testear ni brindar ningún seguimiento o atención, la que queda en manos de los compañeros de la persona detenida” y agregó que en 2020 hubo 28 muertos por COVID-19 en las cárceles bonaerenses. “Esto representa una tasa de 7 muertes cada 10.000. Tasa inferior tanto a la del Servicio Penitenciario Federal (15) como a la provincial (15) y la nacional (12). Probablemente la baja mortalidad se explique por la edad de la población carcelaria, que tiene un promedio de 33 años y sólo el 3% mayor a 60. Esto elevó la cifra de muertes a 178 contra 148 que ocurrieron en 2019. El 80 % por cuestiones de salud no asistidas”, remarcaron.
“La emergencia de una segunda ola de coronavirus, con cepas que tienen mayores índices de transmisibilidad y que manifiestan cuadros clínicos más graves en pacientes jóvenes, hace indispensable tomar medidas para garantizar no sólo la salud de las personas detenidas sino también para evitar que una situación de contagio en las cárceles se disemine extramuros”, acotó.