Por Eduardo D’Argenio.- El nefasto sincericidio de Patricia Bullrich sobre la entrega de las Islas Malvinas a Pfizer, no hizo más que terminar de blanquear -eso sí, de manera salvaje- la postura abiertamente lobbista del macrismo a favor del laboratorio estadounidense y que, como no podría ser de otra manera, también se refleja burdamente en el acompañamiento de renombrados comunicadores de los medios hegemónicos, abanderados de una más que burda campaña por las vacunas de origen estadounidense.
Para empezar a entender el por qué de tanto interés por Pfizer, no se debe perder de vista que ese laboratorio es propiedad de Vanguard Group, Rothschild Asset Management y mayoritariamente del fondo buitre BlackRock, que a su vez es acreedor en más de 2.000 millones dólares de la deuda externa de la Argentina y accionista fuerte de más de 17 mil empresas en el mundo.
En julio de 2020, el presidente Alberto Fernández recibió al gerente general de la compañía farmacéutica, Nicolás Vaquer, para poner en marcha la fase de prueba de una de las vacunas contra el coronavirus, a pocos meses de iniciada la pandemia, lo cual no dejaba de ser esperanzador.
Sin embargo, para fines de año las negociaciones con Pfizer llegaron a su fin. “Nos pidieron una Ley de Vacunas, y nosotros cumplimos. Y ahora nos piden otra ley para evitar responsabilidades penales, si las vacunas causan daños físicos. Esa inmunidad jurídica no se la vamos a dar. Ellos son responsables de las vacunas. No es el Estado Nacional. El Estado compra y ellos venden. No entiendo por qué tenemos que darle una norma que los pone al margen de las responsabilidades civiles y penales”, explicó el presidente, desde Olivos.
Paralelamente, trascendía que el gigante farmacéutico estadounidense plantó otro pedido más que puso un punto final a las negociaciones: “Nos ofrecimos a pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos pagar un seguro internacional, pero la última petición fue extraordinaria: Pfizer exigió que los activos soberanos de Argentina también formaran parte del respaldo legal. Era una exigencia extrema que sólo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa; pero en este caso la rechazamos inmediatamente”, deslizó un funcionario del ministerio de Salud.
Cuando se supo que ya no llegarían las vacunas de Pfizer al país, Juntos por el Cambio lanzó una campaña en favor del laboratorio. Para entonces, Pfizer ya había firmado acuerdos con Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Esa era lo primero que repetían desde el espacio macrista.
Sin embargo, ocultaban que en los casos tan elogiados de Chile y Uruguay, su aporte fue claramente marginal. En Uruguay solo aportó, al 16 de abril, 234.350 dosis de las 2.024.350 que había recibido ese país, que logró llevar adelante su exitoso plan vacunatorio gracias a la china Coronavac, de la que llegaron 1.742.000 dosis.
A Chile le fue un poco mejor. Al 8 de abril habían llegado 1.886.625 dosis de Pfizer, por lo que el plan de vacunación se basó en la china Sinovac, que aportó 11.971.476.
Después del llamado vacunatorio VIP y la renuncia Ginés González García, en febrero, desde el PRO dieron inicio a la avanzada sobre la compra de las vacunas contra el COVID-19. Junto a Patricia Bullrich aparecieron Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro, Mario Negri, Luis Naidenoff, Juan Manuel López, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni y Miguel Ángel Pichetto.
Un mes después, en marzo de 2021, durante una reunión por Zoom de Juntos por el Cambio, que incluyó al ex presidente desde su habitación y medio dormido, varios sectores del PRO pusieron sobre la mesa el tema de la compra de vacunas por parte de privados y exigieron saber por qué el Gobierno Nacional no había comprado otras vacunas.
El comunicado de Juntos por el Cambio fue dado a conocer varias horas después. En él se pedía que ante la pandemia “la respuesta correcta es la compra diversificada de vacunas, como las que aún no han llegado a nuestro país”. Quedaba en claro que se trataba de una cruzada en favor de Pfizer.
Por otra parte, en el comunicado, los líderes del PRO plantearon que estaban dispuestos a “revisar la legislación que pedía la empresa para que se pueda traer la vacuna al país dispuestos a legislar en la materia para adquirir las vacunas del laboratorio Pfizer, que tantos resultados positivos está dando en otros 78 países”. En Twitter, Bullrich publicó el comunicado junto a la frase “Presidente: no tiene excusas”.
Hace pocos días, varios periodistas y medios vinculados al Grupo Clarín y a La Nación redoblaron la apuesta en favor de Pfizer. Mientras que Nicolás Wiñazki dio a conocer un memo interno de la empresa en el que se asegura que Argentina podría haber accedido a 13 millones de dosis en julio de 2020, Carlos Pagni, desde La Nación, aseguraba que “Pfizer le ofreció a la Argentina 14 millones de vacunas y el Estado, por las razones que fuera, no las adquirió”. Similar a lo que escribió su colega Joaquín Morales Solá en base al testimonio de un supuesto informante “que prefirió el anonimato”.
Y un dato no precisamente menor para entender las razones del lobby, es el nombre de Miguel de Godoy, el ex jefe de comunicación de Macri y ex titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), desde diciembre de 2015 hasta 2018.
Es que Godoy también es el CEO y creador de la agencia MDG, que cuenta con clientes com The Rockefeller Fundation, Mc Donalds, Zucamor, Carrefour, Gol líneas aéreas, Farmacity, Musimundo, Freddo y, también, al laboratorio Pfizer.
En la página oficial de MDG, entre sus clientes, Pfizer aparece como uno de los destacados. O sea, una aparición muy llamativa en medio de toda la campaña que Juntos por el Cambio realiza en favor del laboratorio de Estados Unidos.
Días atrás, y después de que la asesora presidencial Cecilia Nicolini confirmara que el Gobierno retomó las negociaciones con Pfizer para conseguir más vacunas contra el Covid-19, distintos referentes de la oposición cuestionaron la decisión inicial de no aceptar las abusivas exigencias del laboratorio estadounidense.
Seis meses después y con un nuevo escenario geopolítico, el Gobierno retomó el diálogo con el laboratorio para alcanzar un balance “justo y soberano”, lejos de las primeras exigencias impuestas por el laboratorio, al que diferentes organismos internacionales acusan de haber castigado a América Latina con “condiciones más abusivas” que las que estableció con otros países del mundo.
Es que el laboratorio “exigió indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos después de ser vacunados. En el caso de la Argentina y Brasil, Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros”.
En la región, se hizo pública una de las exigencias más duras: la indemnidad (exención de responsabilidad legal) de los fabricantes. Esto significa que si un ciudadano sufre un efecto adverso tras recibir las dosis y presenta un reclamo contra el fabricante, de ganar el litigio judicial, quien deberá afrontar la indemnización es el Gobierno y no el laboratorio”.
Mientras avanzaban a paso lento las negociaciones, el laboratorio pidió además “cambios en la nueva ley, que el país contratara un seguro internacional para pagar posibles casos futuros contra la empresa”, y en diciembre sumó la exigencia que terminó por dinamitar el diálogo: que el Gobierno pusiera como garantía sus activos soberanos, tales como las reservas de los bancos federales, las del Central, edificios de embajadas o bases militares.
Y para terminar de despejar dudas, el diario estadounidense “The New York Times” acaba de publicar un editorial en el que se refirió a las demandas excesivas hechas por el laboratorio Pfizer a algunos países para venderles su vacuna contra el coronavirus, y consideró “comprensible” que éstos se hayan resistido a aceptarlas.