El más que influyente papel que cumplía Fabián “Pepín” Rodríguez Simón como el principal operador judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, quedó claramente a la vista en un extenso análisis de llamados telefónicos que hizo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) y que fue entregado a la jueza María Servini como parte de la causa donde investiga una presunta asociación ilícita de donde partieron extorsiones y hostigamientos dirigidos a los dueños del grupo Indalo (C5N y Radio 10), con la intención de debilitar sus empresas, provocarles asfixia económica y financiera e incluso, quitárselas.
El entrecruzamiento fue presentado después de que el ex presidente -que está imputado- lograra diferirlo varios meses. Fue a partir de ese momento que Rodríguez Simón lanzó su estrategia de huida para no presentarse a la indagatoria, denunciando una supuesta persecución política por la que pidió refugio en Uruguay.
Según revela hoy Página/12, el estudio de la DAJuDeCo muestra que en momentos cruciales para el expediente el operador judicial favorito de Macri hablaba con la Secretaría General de la presidencia, con Jefatura de Gabinete, con el Gobierno porteño, con el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, con el Casino de Buenos Aires y también con el actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Les dedicaba muchos más contactos por teléfono que a sus trabajos formales en el directorio de YPF y en el Parlasur.
Se trata del segundo análisis que realiza ese organismo, y que se hizo en base a los números de teléfono de de todos los imputados, entre quienes están, además de Macri y Rodríguez Simón, el ex jefe de asesores José Torello, el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, los ex titulares de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Alberto Abad y Leandro Cuccioli, otros agentes de ese organismo, y los empresarios Orlando Terranova e Ignacio Rosner.
Por ejemplo, entrecruza comunicaciones por telefonía fija y celular en los diez días anteriores y posteriores a 42 “hitos”, momentos relevantes para la investigación que lleva adelante Servini. Comienzan el 25 de octubre de 2015, la fecha de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con una reunión entre Macri y Cristóbal López.
El último hito ocurrió el 9 de agosto de 2019, cuando en la autopista Ricchieri, en un extraño operativo, fue detenida momentáneamente Julieta Camaño, esposa de De Sousa, “por parte de personas que se identificaron como pertenecientes a la Policía Federal Argentina”.
En la causa a cargo de Servini, en la que se apunta al funcionamiento de la nefasta mesa judicial M, se investiga una de las tantas operaciones de algunos de los protagonistas de ese grupo, que tuvo la gravedad de llegar al punto de provocar la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.
La jueza tiene la hipótesis de que se habría utilizado la estructura del Estado -a través de la AFIP, el propio Poder Judicial y Vialidad Nacional entre las áreas principales- para intentar quedarse con las empresas de ese grupo.
Con ese entramado habrían buscado perseguir opositores políticos y hacer negocios. Las extorsiones, presiones y amenazas se podrían probar, entienden en su equipo con los relatos de los denunciantes, testigos (algunos socios de ellos) y los números de teléfono. Rodríguez Simón, en el gráfico que muestra la centralización y el juego de las operaciones, parece tener un papel crucial, como una suerte de agente inorgánico u hombre detrás de escena, o no tan detrás.