Con el correr de los días, queda en evidencia que el gobierno de Mauricio Macri está cada vez más comprometido en la causa por el presunto contrabando de material bélico a Bolivia: el Ministerio de Defensa del vecino país encontró la nota con la que la Fuerza Aérea dio ingreso informal a parte de las municiones que la administración de Juntos por el Cambio envió en noviembre de 2019 para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales.
El hallazgo de la documentación fue anunciado por el titular de esa cartera, Edmundo Novillo, quien se reunirá hoy con el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro.
El escándalo por el envío de armas a Bolivia se desató cuando apareció en la embajada argentina una carta que había enviado el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Terceros Lara para agradecer por la “colaboración” de las autoridades argentinas.
La misiva estaba fechada el 13 de noviembre de 2019, el mismo día en que llegó un contingente de gendarmes argentinos con la misión de preservar la seguridad de la embajada. En la nota, Terceros Lara agradecía la recepción de 40.000 balas antitumulto 12/70, gases lacrimógenos de dos tipos distintos y más de 100 granadas de tres clases diferentes.
Según precisa hoy el diario Página/12, ahora, en el ministerio de Defensa, se halló un informe que confeccionó un suboficial dándole entrada al material represivo. Novillo explicó en una conferencia de prensa que brindó a finales de la semana pasada que se trata de un “acta de entrega y recepción de esos seis ítems de agradecimiento”, y aclaró que fue hecha de manera irregular. “No lleva ni firma ni sello”. Sólo está consignado el nombre del suboficial que estuvo a cargo de su armado.
La documentación se suma a la que se enontró en poder de la Policía de Bolivia. En esa fuerza primero se detectaron 29.600 balas antitumulto en un depósito cerca de La Paz. Después se dio con una especie de recibo confeccionado por unos mayores de la policía dándole ingreso a las balas y las granadas el mismo 13 de noviembre. Todo indicaría que las municiones que salieron de Argentina se repartieron el mismo día en que el Hércules C-130 tocó suelo boliviano.
“Es una demostración más cabal de que el cargamento llegó a Bolivia. Ya no es sólo la Policía, sino que también la Fuerza Aérea Boliviana aporta datos”, evaluó el embajador Basteiro.
Mientras tanto, en Buenos Aires avanza la causa por contrabando agravado contra Macri, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, el ex embajador Normando Álvarez García, y el ex jefe de Gendarmería, Gerardo Otero, entre otros.
En el expediente hay otros tres integrantes de esa fuerza imputados. Entre ellos está Adolfo Caliba, el agregado de la Gendarmería que recibió en el aeropuerto de El Alto el cargamento que terminó repartido entre la Policía y la FAB. Terminó imputado en la causa días después de que el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, precisara que tenían identificado al uniformado argentino que entregó el material represivo.
En lo que fue un duro golpe para el ex presidente, Macri intentó durante la semana pasada frenar -sin éxito- el sumario interno que está llevando adelante la Gendarmería: el juez Javier López Biscayart rechazó su pretensión en dos oportunidades, pero es probable que vaya en queja a la Cámara.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ya anticipó que el sumario demorará un mes más, pero que ya hay información contundente: los efectivos que declararon no tuvieron contacto con las balas ni estaba previsto que las municiones fueran a la embajada.
Y como no podría ser de otra manera, Macri denuncia que es víctima de una persecución y sigue sumando abogados a su defensa. Hace unos días se presentó Pablo Lanusse, quien también lo defiende en la causa por el hostigamiento a los dueños del Grupo Indalo, y también lo asesora en los múltiples expedientes por espionaje durante su gobierno. El viernes se sumó al equipo la abogada Jimena Pisoni, que junto con Lanusse representaron a la familia de Ángeles Rawson en el juicio contra el femicida Jorge Mangeri. Más cerca en el tiempo, representaron al camarista Juan Carlos Gemignani después de que ordenara detener a una secretaria de Casación que no siguió una directiva suya.
Hoy, cuando se reanude formalmente la actividad en los tribunales, López Biscayart deberá analizar el pedido del fiscal Claudio Navas Rial de unificar su expediente -que es el de la denuncia que presentó el Gobierno- con el que está en el juzgado de su colega Alejandro Catania, que tiene la primera presentación que se hizo ante el fuero penal económico: la del ex camarista Eduardo Freiler.