Un proyecto para adelantar la edad jubilatoria a los 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, está siendo evaluado en la jefatura de Gabinete. El objetivo apunta a beneficiar a uno de los sectores más golpeados durante el macrismo, que en los últimos dos años no lograron recuperar lo perdido.
De acuerdo al documento que está en el despacho de Juan Manzur, el requisito para acceder a la jubilación anticipada será contar con los 30 años de aportes necesarios. Y apuntará a los llamados “jóvenes para jubilarse, pero grandes para trabajar”. Son la contracara de los que tienen la edad para jubilarse, pero les faltan años de aportes para completar los 30 años mínimos requeridos.
En base al análisis realizado desde el Gobierno, el alcance del proyecto abarcaría a unas 500.000 personas que actualmente cumplen con los aportes, pero no con la edad estipulada.
La población objetivo será principalmente los trabajadores que circunstancialmente se encuentran desocupados y que, por lo tanto, hoy no cuentan con ningún ingreso para hacer frente a la situación económica.
Un punto todavía sin definir del proyecto, que hasta el momento no cuenta con el aval político, tiene que ver con el haber que cobrarán los jubilados que accedan a este beneficio: una de las propuestas otorga 50 % del monto que les corresponda, según los cálculos; otro, en cambio, eleva el valor a percibir al 80 %. En ambos casos, cuando alcancen la edad jubilatoria actual pasarían a cobrar el 100 %.
En el año 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Ejecutivo avanzó en una medida similar que permitió el acceso a un haber jubilatorio a quienes no alcanzaban la edad necesaria pero sí cumplían con los aportes mínimos, o viceversa. Se trató de una Prestación Anticipada por Desempleo (PAD) que en aquel momento alcanzó a más de 100.000 personas.
En el caso actual, el objetivo es mayor, pero estaría enfocado en aquellos que cuentan con los aportes registrados y en regla.
El proyecto que ahora se evalúa, además, de la cobertura de la obra social (PAMI), se establece que, en caso de fallecimiento del titular, el cónyuge o conviviente tienen el derecho de pensión por viudez.
También se especifica que “la Prestación Anticipada tiene carácter extraordinario y su solicitud podrá efectuarse dentro de los dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente”.
Asimismo, se aclara que “la Prestación Anticipada es incompatible con la realización de actividades en relación de dependencia o por cuenta propia, y con la percepción de cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean nacionales, provinciales o municipales”.
En tanto, se indica que, una vez otorgado ese beneficio, “se extinguirá en el supuesto en que la persona beneficiaria se incapacite y acceda a las prestaciones de retiro por Invalidez” de la ley previsional.
El Informe Técnico de ANSeS que propicia el proyecto de DNU dice “que su dictado resulta conveniente en términos de propiciar medidas de inclusión para un grupo particularmente vulnerable en virtud de problemáticas estructurales y coyunturales del mercado de trabajo”, y “con menores posibilidades que otros grupos poblacionales para su reinserción laboral”.
También reconoce “el esfuerzo contributivo de las personas” por contar con más de 30 años de aportes, “y las dificultades para obtener ingresos suficientes afectados por la crisis económica previa y durante la pandemia de COVID-19”.
Concluye que se “torna una medida de carácter urgente, dado que garantizará ingresos permanentes a personas que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad, a la vez que les otorgará cobertura sanitaria, una protección de suma relevancia atendiendo a que la pandemia del COVID-19 sigue vigente”.