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La Plata
27 noviembre, 2021
PAÍS

Los intendentes salen a controlar el congelamiento de precios y la militancia del FdT vuelve a las calles

El gobierno nacional trabaja por estas horas para armar el instrumento jurídico que permita a cada intendente poder salir a controlar los precios cuidados y aplicar sanciones a los comercios que no cumplan con el congelamiento de precios. El fin de semana los inspectores municipales recorrerán los grandes supermercados, las cadenas y también los llamados “chinos” para ver si cumplen con lo dispuesto por la Secretaria de Comercio.

Paralelamente, el publicista Antoni Gutiérrez Rubí ya trabaja en la campaña del Sí como eje en garantizar los precios, controlar la inflación y cuidar el precio de los alimentos. Los votantes del Frente de Todos consideran que los empresarios son los responsables de los aumentos de precios y lo más interesante es que, más allá de los dirigentes de Juntos por el Cambio, sus votantes también piensan que los empresarios son los responsables de los aumentos.

La idea es que los intendentes tengan a partir del sábado las herramientas para aplicar sanciones si no cumplen con el congelamiento de los 1.452 productos. Todas las provincias salieron a bancar la propuesta de Feletti y ya muchos consideran que era la “épica” que faltaba al Frente de Todos en esta elecciones para salir a la calle.

En la Gobernación bonaerense explicaban ayer que los intendentes tienen los inspectores municipales pero las leyes son nacionales, de ahí el cambio jurídico que se necesita para controlar y sancionar si fuera necesario. La idea de esta modificación jurídica es que los municipios tengan poder de fuego y puedan clausurar a quienes no cumplen.

Por ahora, la mayoría de las provincias apoyaron las medidas.  El gobernador bonaerense Axel Kicillof apoyó que “se tomen cartas en el asunto para que nadie se haga el piola” para “cuidar el bolsillo de la gente” y consideró que “no hay justificativo para el aumento de los precios con estos costos”. En declaraciones radiales, Kicillof razonó que “cuando la economía crece rápidamente -porque la demanda y el consumo estaban interrumpidos por los cierres generados por el cuidado de la salud- hay que mirar con mucho cuidado el tema de los precios”.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, afirmó que la resolución del Gobierno nacional implica “dar una señal a todos los consumidores, a todos los que necesitan tener previsibilidad de precios”.

Va a haber un Estado cuidando los bolsillos durante los próximos tres meses para evitar que haya abusos, para evitar que haya aprovechamiento y confiamos en el compromiso de los empresarios para cumplir lo que necesitamos, que es que sean responsables”, sostuvo en una visita a Bahía Blanca.

Varios intendentes bonaerenses manifestaron este jueves su intención de sumarse al control de la medida, como los jefes comunales de Ensenada, Mario Secco; Morón, Lucas Ghi; y Pilar, Federico Achával.

Secco aseguró que ordenará a los inspectores municipales a realizar un estricto control de precios para que en caso de incumplimientos en el acuerdo de precios por parte de los empresarios, “sacarle tarjeta roja a los vivos”.

Ghi afirmó que los jefes comunales tienen “la obligación institucional” de controlar que se cumpla con el acuerdo dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior, puesto que la medida busca “que la comunidad pueda consumir a precios razonables”.

Achával dijo que los municipios intentarán que se cumpla la decisión del Gobierno nacional para “lograr que esos productos estén en la góndola al precio fijado”.

Junto a los intendentes, la Defensoría del Pueblo provincial irá “al territorio” para “controlar que se cumplan los precios” acordados no solo para demostrar el “compromiso del Estado” en esa acción sino también para que “los ciudadanos se animen a denunciar”, prometió su titular, Guido Lorenzino.

En tanto, el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, afirmó: “Entendemos debe ser el ámbito en el cual nos convoquen, para organizar y articular la manera de llevar adelante esto”.

”Creo que se puede lograr, cómo se venía logrando con el programa Precios Cuidados”, señaló Aviano, quien aclaró que la provincia comenzará las conversaciones con “los municipios y comunas que quieran articular y sumarse a la fiscalización”.

Desde Mendoza, el diputado nacional José Luis Ramón le dijo a Télam que “sería excelente” si convocan a los consumidores, representados a través de las asociaciones de consumidores.

”Las asociaciones de consumidores tienen todas las posibilidades de hacer el relevamiento de los controles: el del observatorio de precios que es la cadena de comercialización que nace en la tranquera de un campo tambero y puede seguir toda la cadena de comercialización hasta que la leche llega a la góndola”, afirmó.



Por otra parte, el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco, confirmó que la provincia “se sumará al monitoreo de control de precios en línea con lo que dispuso el Gobierno nacional”.

”Estamos esperando que formalmente nos den el listado de los productos para controlar y ahí estaremos, tal como lo venimos haciendo con el programa de Precios Cuidados”, dijo el funcionario.

Desde Jujuy, el director de Control Productivo y Comercial, Carlos Luque, afirmó que “la provincia habitualmente hace control interno de precios cuidados y eso lo vamos a seguir haciendo”.

”Como provincia veríamos con buenos ojos que nos den la capacidad de sancionar la ausencia de productos, tener la potestad de sancionar a las firmas que no cumplen con el pacto”, dijo el funcionario ante la pregunta de Télam.



En La Pampa, la directora General de Defensa del Consumidor, Florencia Rabario, confirmó que la provincia “hará un acompañamiento para el cumplimiento y el control de precios” en los productos dispuestos por el Gobierno nacional.

Rabario sostuvo que la medida “era realmente necesaria y lamentablemente tuvo que ser aplicada en virtud de que no hubo acuerdo”.

Más allá de las amenazas de algunos empresarios, de los medios de comunicación y la oposición, el 80% de los actores involucrados aceptaron el acuerdo de precios.




 

 

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