La Corte Suprema decidió avanzar con la reestructuración de un organismo clave para el sistema judicial: el Consejo de la Magistratura. Sin lugar a dudas, este paso generará consecuencias políticas, ya que el objetivo final es golpear al gobierno de Alberto Fernández.
Según revela hoy El Destape, los cuatro ministros del máximo tribunal comenzaron a tratar en la reunión de Acuerdo la inconstitucionalidad de la actual integración del órgano que selecciona y sanciona jueces, y aspiran a tomar una decisión antes de fin de año.
Todo indica que anularán la ley que se sancionó durante la presidencia de Néstor Kirchner, por lo que el Consejo dejará de tener 13 miembros. Esto implica un cambio sustancial de las relaciones de poder en un organismo clave para el Poder Judicial para el que el gobierno ya se está preparando. En otras palabras, se trata de una clara decisión política de los supremos: cuando gobernó Mauricio Macri, Cambiemos tuvo una mayoría automática en el Consejo, y sin embargo esta misma Corte no avanzó con su reestructuración.
“Lo más probable es que se declare inconstitucional la ley y se vuelva a la composición anterior”, anticipan fuentes de la Corte. Es decir que validarían el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que, a fines de 2015, consideró inconstitucional la actual conformación de 13 miembros, que se dispuso en febrero de 2006 durante el kirchnerismo.
Lo que todavía no está resuelto y es materia de discusión, es con qué integración se reemplazará a la actual conformación del Consejo. Una posibilidad es que vuelva a regir la ley anterior, por lo que el organismo debiera pasar a tener 20 integrantes y ser presidido por el presidente de la Corte, al menos hasta que el Congreso dicte una nueva normativa. Esta posibilidad implica el desembarco de un ministro cortesano en el Consejo.
El retorno al antiguo formato cambia las relaciones de fuerza del Consejo, y debilita al “estamento político”. Actualmente, el órgano de selección y sanción de jueces está conformado por 13 integrantes: 3 jueces; 3 diputados (dos por la mayoría y uno por la primera minoría); 3 senadores; 2 abogados (uno por la matrícula de la Capital Federal y otro del Interior); 1 académico y 1 representante de los académicos.
Para llegar a 20, se sumaría: un académico más, dos abogados, un juez y dos representantes del Congreso. Más el presidente de la Corte.
La decisión de la Corte de tratar este tema en este momento es definitivamente política. El caso está en Alto Tribunal desde 2015. Durante el macrismo, con esta misma conformación suprema (estaba también Elena Highton de Nolasco), los cortesanos no abordaron la cuestión. Y mientras gobernó Mauricio Macri, Cambiemos tuvo una mayoría automática en el órgano de selección y sanción de magistrados.
Eso llevó a que prácticamente arrasara con la Cámara Federal porteña: destituyó a Eduardo Freiler (con complicidad de la Corte), trasladó a Eduardo Farah (con complicidad de la Corte) y logró la renuncia de Jorge Ballestero. Luego Macri, a instancias del Consejo, designó de forma irregular en esa misma instancia revisora de Comodoro Py –vía traslado- a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Hizo lo propio con Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal.
En total, el macrismo nombró a 5 de los actuales 12 camaristas que tiene el máximo tribunal penal del país (son 13 pero hay una vacante). Entre esos 5 no están contabilizados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, asiduos visitantes de Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.
1 comentario
La verdad que no hacen nada para sacarlos a estos impresentables los 4 , ni una minima denuncia y son hipercorrutos