Causa Vialidad: Alberto defendió a Cristina y negó arbitrariedades en la distribución de obra pública

Alberto Fernández negó la existencia de “arbitrariedades” en la distribución de obra pública nacional, al declarar hoy durante casi tres horas como testigo en el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz, en el que la principal acusada es la vicepresidenta, Cristina Kirchner. El jefe de Estado defendió la gestión de la ex presidenta, criticó a la justicia por esta causa y tuvo un tenso cruce con el fiscal Diego Luciani.

“Me llama mucho la atención el sentido de esta causa, porque lo que están discutiendo son cuestiones políticas no judiciables”, dijo Fernández, y agregó: “Hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle plata a alguien. En los hechos es imposible que eso pasara”.

Fernández fue citado a declarar a los tribunales de Comodoro Pi por haber sido jefe de Gabinete de Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Nación, y porque en ese rol intervenía en la redistribución de partidas presupuestarias, entre ellas de la obra pública, uno de los temas que se investiga en el juicio.

Como presidente, Alberto tenía la opción que le da la ley de declarar por escrito. Pero optó por ir personalmente a los tribunales, lo que se leyó como un gesto político de apoyo hacia Cristina Kirchner, lo que se ratificó en su declaración, cuando desvinculó a la vicepresidenta de cualquier irregularidad en la obra pública.

“Definitivamente no”, contestó cuando Alberto Berladi, abogado de CFK, le preguntó si los ex presidentes le pidieron beneficiar a algún empresario en particular o si supo de algún direccionamiento de la obra pública. “Definitivamente no. Ni a la provincia de Santa Cruz ni a ninguna otra”, fue la respuesta ante la pregunta de beneficiar con fondos a Santa Cruz. “No me consta que eso haya pasado”, fue su respuesta ante la pregunta de si el presupuesto que aprobaba el Congreso era para beneficiar a Báez.

Agregó que “hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle plata a alguien. En los hechos es imposible que eso pasara. Eso es lo que me llamó más la atención de este juicio, cuando vi el procesamiento de Cristina”.

En su declaración sobre cómo se elabora el presupuesto, el presidente aseguró que “no existe ninguna norma que defina cómo se distribuye el gasto en obra pública en el Presupuesto. Es una decisión de carácter política no judiciable. Y esas decisiones que se están discutiendo en materia de Presupuesto no pueden ser arbitrarias”, ratificó.

“Definitivamente no había nunca una distribución arbitraria. En un presupuesto es muy difícil hacer eso, en todo tipo. En manera sanitaria, de salud, porque todas las provincias pelean por su parte. Los criterios de asignación tienen que ver con la necesidad de cada jurisdicción. No hay una regla que dice: a cada provincia le toca tal cantidad de dinero en función de los habitantes que tiene. No hay una regla que diga cómo se distribuye el dinero de la obra pública”, aclaró.

También señaló que el jefe de Estado no puede controlar las licitaciones de las obras ni sus pagos. “No existe ninguna posibilidad de que uno pueda conocer eso. El gobierno nacional tiene hoy 3.300 obras publicas y 100 mil viviendas en construcción. ¿Usted cree que puedo saber cada una de esas obras? El presidente no sabe cómo evoluciona cada obra. Lo que los presidentes hacemos es tener reuniones periódicas para saber los grandes temas del Ministerio”.

Y dijo en otro tramo para desvincular a Cristina Kirchner: “Una vez que el presupuesto es aprobado es responsabilidad de cada ministro de su ejecución, no del presidente”.

El cruce con el fiscal Luciani se dio cuando le mostró una planilla anexa de un presupuesto de la ruta nacional 288. El representante del Ministerio Público quería tener detalles de esa obra y de ese presupuesto. Y tuvieron el siguiente diálogo tenso:

Fernández: “A mí me da impresión que no me escuchó bien”.

Luciani: “Lo escuché bien”.

Fernández: “Entonces tiene un problema de compresión”.

Luciani: “No me falta el respecto”.

El juez Gorini debió intervenir para que la tensión no escale, y luego Fernández dijo que no quería faltarle el respeto, sino ser descriptivo. “No tengo la menor idea. No sé qué quiere que le diga. Es como si me preguntara por cualquier otra obra, no puedo recordarlo”, contestó el presidente.

El fiscal hizo más preguntas sobre la elaboración del presupuesto y la resignación de partidas presupuestarias. Cansado de preguntas similares, el Alberto le respondió: “Estimado fiscal, vuelvo a repetirle por enésima vez. Las adjudicaciones, el desarrollo de obra pública no compete al presidente o al jefe de gabinete”.

Luciani también le preguntó si conocía a Báez. “Voy a tratar de ser lo más explícito posible. No conozco a Báez. Lo cruce una vez en Calafate y recuerdo el diálogo. Me dijo `buenos días` y le contesté `mucho gusto`. Néstor estaba terminando de hacer su casa y conocí a Báez en el parque porque estaba haciendo una obra. Esto fue 2003, 2004, no tengo idea”, respondió.

Visiblemente molesto, ante una consulta sobre las presuntas relaciones comerciales que mantenían los Kirchner con Báez, Fernández reiteró: “No lo conozco a Lázaro Báez, no sé qué hace de su vida, no sé qué empresas tiene, no sé qué vínculos tiene con gente; no lo sé”.

La causa comenzó en 2016 con una denuncia del entonces titular de Vialidad, Javier Iguacel. A lo largo del debate oral, que comenzó en mayo de 2019 -tres meses antes de las PASO presidenciales-, declararon 41 testigos, pero faltan declarar aún otros 98.

Aquella denuncia de Iguacel se basó en una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio ex funcionario al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio interviene el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 y el fiscal Diego Luciani.

La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio.