El brutal crimen de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años que fue retenida, drogada y estrangulada en la Reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, en agosto de 2017, provocó en aquel momento una conmoción y repudio en la población. Eran tiempos en los que María Eugenia Vidal gobernaba la provincia, y teniendo en cuenta la proximidad de las PASO, se vio en la obligación de encontrar con urgencia un culpable, y así fue. Aunque, eso sí, con la complicidad del Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, el direccionamiento político de una deficiente investigación, llevó a tener preso a un inocente durante casi 5 años.
En las últimas horas, finalmente, salió a la luz que un enviado de Vidal y un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), presionaron para meter a alguien preso. El siguiente paso fue la manipulación de un perro, Bruno, para que señalara a una especie de hippie de la zona. Y así fue que detuvieron -y lo tuvieron preso durante casi cinco años- a Marcos Bazán, a quien imputaron por la resonante violación y el asesinato de la menor.
La defensa de Bazán tiene el protagonismo de Innocence Project (IP), y su titular, Manuel Garrido, está al frente. Se trata de una organización centrada en asistir a personas presas por un delito que no cometieron, en especial a raíz de causas armadas
Según relata hoy Raúl Kollmann en Página/12, el verdadero violador y asesino, Marcelo Villalba -lo que se demostró hasta por ADN- fue detenido meses más tarde, pero la justicia de Lomas de Zamora no quiso dar marcha atrás a la historia armada desde La Plata y desde la AFI.
En el marco del segundo juicio que los jueces Santiago Ariel Márquez, Daniel Julio Mazzini y Gustavo César Ramilo, del Tribunal Oral Criminal 7 de Lomas llevan adelante, surgen pruebas y testimonios que revelan el burdo manejo político de la gobernadora bonaerense para mostrar la efectividad de su gestión.
Días atrás, declaró uno de los policías que realizó el allanamiento original en la casa de Bazán, previo a su detención. El efectivo relató que “desde la Gobernación llegó la orden de detener a alguien, porque había mucho ruido en los medios”. Anahí desapareció el 31 de julio de 2017. El impacto fue inmenso, y los medios siguieron la búsqueda, minuto a minuto.
En la urgencia por detener a alguien, arrancaron por un profesor de la adolescente, pero no había evidencia de ningún tipo para sostener la acusación. Aún así, fueron varios días que lo demonizaron. La presión era muy fuerte, y Vidal quería demostrar que ella no era como sus antecesores.
Según le contó el uniformado a los jueces, la supuesta orden de “detener a alguien” fue transmitida por el fiscal Sebastián Scalera, el operador en Lomas de Zamora, del procurador bonaerense, Julio Conte Grand. Ambos, Scalera y Conte Grand, ya aparecieron señalados en las maniobras macristas que apuntaron a meter presos a Hugo y Pablo Moyano.
En la audiencia del lunes 13 de marzo estuvo como testigo el adiestrador de canes, Diego Tula. Es que el perro Bruno fue decisivo en la detención de Bazán. Se mostraron imágenes de aquel rastrillaje y la declaración de Tula fue una grosera prueba de cómo se concretó la manipulación. El adiestrador dijo que Bruno ladraba tanto cuando el rastro era positivo como cuando resultaba negativo, y que sólo él se daba cuenta de lo que el perro quería significar.
Al día siguiente declaró Mario Rosillo, un reconocido adiestrador al que Tula mencionó como su maestro. Rosillo demolió el rastrillaje de Tula. Le exhibieron el video y él mismo fue deteniendo la grabación, mostrando cómo se indujo a Bruno.
Finalmente, también Innocence Project les pidió a los jueces la reproducción de tres audios de familiares de Anahí. Lo que se escuchó fue de alto impacto. Un agente de la AFI se conectó con ellos para trabajar en la investigación y luego ese mismo agente apareció dentro de la fiscalía dando órdenes y hasta tomando declaraciones.
El año pasado, la Cámara de Casación bonaerense, en base a un detalladísimo fallo del juez Daniel Carral, arrasó con lo resuelto en el primer juicio por la violación y asesinato de Anahí. Fundamentalmente Carral desmontó lo hecho para condenar a prisión perpetua a Bazán. Por ejemplo, analizó que los magistrados sostuvieron que el cuerpo de Anahí fue ingresado a la reserva Santa Catalina de Lomas por una zona en la que había una cámara, que de ninguna manera registró ese movimiento.
Muy diferente fue la evaluación de la condena de Villalba, quien tuvo en su poder el celular de Anahí, tenía antecedentes de violencia y abuso y la prueba de ADN dejó en claro que fue el violador y por lo tanto el homicida. Aun así, la justicia de Lomas de Zamora -se ve que con la influencia de la gobernación y la AFI- no quisieron dar el brazo a torcer, no admitieron sus maniobras y tuvieron a Bazán casi cinco años preso. Hoy en día, al joven lo defienden hasta las organizaciones feministas y de derechos humanos.
Para el abogado Garrido, “tenían que encontrar rápido un culpable, y Marcos Bazán vivía cerca de donde hallaron asesinada a la víctima y fumaba marihuana, con eso parecía alcanzarles”. En tanto, profundizó esta idea y denunció que “hubo un claro direccionamiento político de la investigación” que llevó a “tener preso 5 años a un inocente”.
En tal sentido, opinó que las fiscales y el juez de Garantías de la causa “cedieron a una maniobra de presión política” ejercida por la Gobernación, por entonces a cargo María Eugenia Vidal.
Y para que no queden dudas, Garrido remató: “No es casual el interés político por cerrar esta investigación y encontrar rápido a un perejil. A Marcos Bazán lo detienen el 6 de agosto de 2017, una semana antes de las PASO de ese año. No podían llegar con este caso sin ningún detenido”.