En otro fallo inaudito, la Cámara Federal de Casación Penal dictó un nuevo fallo contra la Cristina Kirchner en la causa conocida mediáticamente como “la ruta del dinero K”, que vincula a la ex presidenta con la fortuna del empresario de la construcción Lázaro Báez, condenado en esta causa a 10 años de prisión por lavado de dinero.
Ahora, a raíz del fallo, el juez federal Sebastián Casanello debe “volver a expedirse” en cuanto a la situación procesal de CFK.
Hay que recordar que Cristina había sido sobreseída, con la venia del fiscal Guillermo Marijuan -insospechado de kirchnerista-, en la causa que estuvo durante años en la tapa de los diarios: “La Ruta del Dinero K”. Sucede que no se encontró ni una evidencia contra ella en los diez años de investigación. A raíz de ello, y tomando en cuenta el planteo del fiscal, el juez Sebastián Casanello había dictado el sobreseimiento.
De forma asombrosa, se presentó una ONG macrista y pidió ser parte en el caso, pese a que no había intervenido en la década que tramitó la causa. La ONG Bases Republicanas pidió que revoquen el sobreseimiento de la ex presidenta, y eso hizo la Cámara Federal, integrada por magistrados puestos allí por el ex presidente Mauricio Macri. Ahora, la Cámara de Casación siguió el rumbo macrista, y por dos votos a uno confirmó que la causa debe ser reabierta.
La base de la causa por la supuesta “Ruta del Dinero” fueron unos 35 millones de dólares que se le encontraron a Lázaro Báez en cuentas en Suiza a nombre de fundaciones que se crearon en Panamá. El dinero había salido de Austral Construcciones y luego volvió a ingresar el país porque Báez lo utilizó para participar en la licitación de las dos grandes centrales hidroeléctricas de Santa Cruz, Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. En esa licitación, Báez participó en alianza con el grupo Macri, con la empresa Iecsa, conducida por el sobrino del ex presidente, Angelo Calcaterra. La base de la acusación fue que los 35 millones de dólares no eran sólo de Báez sino de los Kirchner.
Casanello hizo una larga investigación y determinó que el dinero de Báez era de Báez, y que las cuentas tenían como únicos beneficiarios a sus hijos. El juez, además, hizo un minucioso análisis del testamento del constructor, que les dejaba todos sus bienes a sus hijos, con una cláusula: no podían vender nada por diez años. Al final de la investigación, y tras un largo conflicto del juez con la Cámara macrista, Marijuan estuvo de acuerdo con el sobreseimiento y Casanello lo dictó.
Por lo tanto, sin acusación fiscal, la causa estaba destinada a morir. Por eso mismo, la ex funcionaria fue sobreseída por el juez Sebastián Casanello, ya que no había imputación.
Pero, de manera sorpresiva, se presentó una ONG encabezada por ex funcionarios del gobierno de Macri. La presidenta de Bases Republicanas es Valeria Viola, ex directora de Coordinación de la jefatura de Gabinete de Macri. La mujer aparece -igual que el ex presidente- en los Panamá Papers, con empresas en Islas Vírgenes. Vicepresidente primero es Pablo Nocetti, jefe de Gabinete de Patricia Bulllrich y el hombre que encabezó el operativo ilegal en el que persiguieron hasta su muerte a Santiago Maldonado. En el consejo directivo está Pablo Clusellas y el protagonismo de ex funcionarios sigue con Juan Curutchet, Inés Liendo, Federico Pinedo, Jimena De la Torre y otros.
En tanto, la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens (designado por Macri) y Pablo Bertuzzi (trasladado ilegalmente por Macri) le dio la razón a Bases, con la disidencia de Eduardo Farah. El expediente se inició en abril de 2013 y nunca la ONG se había presentado.
La respuesta del abogado de CFK, Alberto Beraldi, fue apelar lo decidido por la Cámara y cuestionar, entre otras cosas, que se le diera entidad como querellante a esa ONG. Ahora Casación, con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, decidió no meterse en el asunto y deja correr lo decidido por Llorens y Bertuzzi: o sea, que la causa se reabra.
Esta vez, en disidencia votó Mariano Borinsky que sostuvo que Casación sí debía intervenir porque continuar la causa constituía un daño irreparable. Borinsky ya había sostenido que Bases no podía ser aceptada como querellante en un fallo anterior. Todo indica que Beraldi, en nombre de CFK, irá con el tema a la Corte.