Tal como era de imaginar, la causa por la llamada “mesa judicial”, que fue impulsada para investigar si el gobierno de Mauricio Macri presionó a jueces para lograr fallos favorables o castigar a aquellos que firmaban resoluciones adversas, finalmente quedó en la nada.
Se trata de un caso de “lawfare” denunciado por el kirchnerismo en cuanto a la convivencia para el armado de causas judiciales entre el macrismo y un sector de la Justicia.
Ahora, la Cámara Federal porteña -con los jueces macristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- ratificó el cierre de esa causa, y confirmó el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri, su ministro de Justicia Germán Garavano, su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón -quien busca por estas horas volver a la Argentina sin ser detenido- y varios de sus ex funcionarios.
El fallo sostiene que no hubo delito porque las “presiones” y persecuciones que los jueces afirmaron haber sufrido cuatro años después de supuestamente ocurridas no fueron denunciadas, y porque todo funcionario está expuesto a la crítica pública y la investigación en el Consejo de la Magistratura.
Como no podría ser de otra manera, para los denunciados todo se trató de un discurso articulado frente a funcionarios del kirchnerismo que tenían problemas en la Justicia. Sin nombrarla, aludían a la ex presidenta Cristina Kirchner.
“No se ha acreditado siquiera un estado de sospecha que conlleve a suponer la existencia de una asociación criminal tendiente a ejercer presiones sobre un conjunto reducido de magistrados, mediante acciones que resultaban absolutamente ineficaces para lograr dicho propósito”, sostuvo la Cámara Federal.
Excede a cualquier razonamiento lógico, pretender intercomunicar denuncias penales, pedidos de juicio político, críticas y expresiones volcadas en medios de comunicación; todos actos sin relevancia penal, pero que además fueron ejecutados por razones disímiles y por un sinnúmero de personas pertenecientes a distintos ámbitos de la sociedad, sobre cuyas voluntades, los imputados de autos no han podido tener ningún tipo de injerencia”.
El tribunal añadió: “Han pasado cuatro años de investigación, llevándose a cabo numerosas medidas probatorias -las cuales fueron detalladas exhaustivamente por la jueza de grado- y el Ministerio Público, en el marco de esta apelación, no cita ni una de ellas, de manera que permita, aunque sea vacilar, acerca de la conformación de un cuadro indiciario que habilite continuar con la pesquisa”.
De esta manera, la Cámara confirmó, además, los sobreseimientos del ex secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, la entonces diputada Graciela Ocaña, y el ex subsecretario de Justicia y hoy jefe de fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques.
En diciembre último, la jueza María Eugenia Capuchetti había señalado que nunca existió delito y que, a lo largo de cuatro años, no se encontraron pruebas que sustentaran esa hipótesis. Y allí estableció una serie de puntos claves: que los jueces nunca denunciaron las presiones cuando estaban en su condición de funcionarios obligados a hacerlo, que tampoco se apartaron de su independencia para fallar, y que las denuncias en el Consejo de la Magistratura no podían ser consideradas con un factor de presión.
Hay que recordar que se trata de la misma magistrada que no avanzó en la investigación de la línea política del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.
Pero el fiscal Franco Picardi apeló, al considerar que la medida era prematura, que la argumentación desmembraba la hipótesis y que aún quedaban medidas de prueba “relevantes y pertinentes”. “No se evidencia que la continuación de la investigación pueda recolectar elementos de prueba que modifiquen los aspectos analizados, tanto por la juez como por este Tribunal, pues se ha demostrado que el origen de estas actuaciones no abarcó hechos que puedan ser calificados como ilícitos penales”, le respondieron.
En el fallo firmado en las últimas horas, los jueces a Bruglia y aBertuzzi retomaron esos argumentos, y respondieron que las supuestas presiones “en su mayoría no se desprende la intervención de los imputados, no constituyen conductas delictivas y, fundamentalmente, se observan como sucesos ausentes de capacidad para interferir indebidamente en el desempeño jurisdiccional ejercido por los magistrados”.
La llamada “mesa judicial” del macrismo fue uno de los articuladores de las denuncias de “lawfare” que sustentó Cristina Kirchner en las causas en su contra, apuntandodd a que existió una persecución política en su contra que tuvo respaldo en los tribunales de Comodoro Py.