El gobierno de Javier Milei empezó a sondear las posibilidades de ir hacia una reforma previsional que podría equiparar la edad jubilatoria entre los hombres y las mujeres en 65 años. En el borrador del Gobierno se prevé rediseñar integralmente el sistema, incluso impulsar una privatización del fondo de los aportes, lo que significaría el regreso de las AFJP, que rigió entre 1993 y 2008.
Asimismo, según revela hoy el diario La Nación, está en agenda una gradual desarticulación de los regímenes especiales que plantean beneficios por sectores, así como una revisión del sistema de pensiones.
“Estamos en un proceso inicial de análisis de estos temas”, señaló una fuente oficial. Como con otras medidas de alto impacto, el Gobierno trabaja con hermetismo en la elaboración de la iniciativa. Hubo al menos dos reuniones para abordar esta reforma, de la que participaron especialistas, como el investigador principal de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Rafael Rofman.
Los funcionarios a cargo de esta política son el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el titular de la Anses, Mariano de los Heros. Trabajan sobre la base de un borrador preexistente confeccionado por una comisión de análisis técnica del ente previsional bajo la órbita de Capital Humano, la cartera conducida por Sandra Pettovello.
“No es un tema prioritario”, subrayan quienes siguen de cerca esta reforma, incluida entre los diez puntos del Pacto de Mayo bajo el argumento de darle “sostenibilidad al sistema y respetar a quienes aportaron”. Aseguran que, si bien es parte de la agenda, no existen aún plazos concretos para su implementación y podría ser un proyecto que se impulse recién el año que viene.
Actualmente, en la Argentina funciona un régimen de reparto, donde empleados y empleadores financian las jubilaciones. Como este aporte es insuficiente, el Estado apela a impuestos generales y a los recursos del Tesoro Nacional para costear este gasto, que en 2023 significó un 9% del PBI según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Los últimos datos oficiales, correspondientes a abril de este año, contabilizaron algo más de 10 millones de personas con empleo asalariado registrado (incluyendo el sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares). En tanto, el más reciente registro del Boletín Estadístico de la Seguridad Social -de junio- informó que hay 5,9 millones de jubilados. Es decir, por cada jubilado hay menos de dos personas trabajando (1,7). Los especialistas coinciden en que para que el sistema se autofinancie esta razón debería ser de uno a tres.
Con el objetivo de lograr el equilibrio fiscal, el Gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa esta discusión. No solo evalúa la posibilidad de incrementar la edad base de retiro sino, además, equipararla entre hombres y mujeres, que actualmente se jubilan a los 65 y 60 años, respectivamente. En ambos casos, deben contar, además, con un mínimo de 30 años de trabajo registrado. Estas medidas buscan robustecer el colchón de población activa.
“El porcentaje de mujeres con aportes cumplidos es solo del 15%. Por ende, la equiparación de la edad jubilatoria tendría un impacto fiscal muy bajo si no es acompañada con otras reformas de fondo. Sin embargo, no hay ninguna razón para no igualarla en términos de principios y equidad”, analizó Rofman. El especialista subrayó: “Los problemas del sistema previsional no se ordenan con pequeños cambios”.
La homologación de los requisitos para acceder a la jubilación se inscribe, además, como parte de la “batalla cultural” que Milei quiere librar. El relato libertario no concibe una diferenciación positiva a favor de las mujeres -que contemple las desigualdades sociales que marginaron su acceso al trabajo-, y ésa será la pátina con la que reforzará la implementación de esta política, en contraposición al discurso del colectivo feminista.
El Gobierno también explora la desarticulación de los más de 200 regímenes especiales de jubilación que conviven con el general. Entre otros beneficios, estos sistemas de excepción contemplan el acceso a un retiro temprano o mayores ingresos. Allí se inscriben desde trabajadores en minas, con diez años menos de trabajo obligatorio, hasta el personal del servicio exterior y de la Justicia, con pensiones muy superiores a la media.
En la misma línea, el Poder Ejecutivo apuesta a revisar el sistema de pensiones no contributivas, entre las que se incluyen las otorgadas por invalidez y a los adultos mayores que no cuentan con años de aporte ni con otro sustento económico (PUAM).
Por último, el Gobierno no descarta la readopción de un modelo de capitalización, implementado en la Argentina con las AFJP durante el momento de esplendor del menemismo, época de oro, según el propio Milei. La idea general de este esquema es que cada trabajador tenga la posibilidad de elegir cómo y dónde resguardar sus ahorros previsionales, incluso sin la intervención del Estado. Las personas podrán tener cuentas individuales gestionadas por administradoras privadas que invertirán el dinero para generar intereses.