El Gobierno enfrentará otra semana de malos resultados parlamentarios, lo que lo obligará a recurrir a lo más duro de su discurso para mantenerse a salvo en un contexto en el que las internas propias están desgastando rápidamente el poder político construido en los primeros meses de gestión.
Sin posibilidades de avanzar con proyectos anunciados hace un mes, como la Ley Hojarasca, la modificación de las relaciones laborales y la ley que regula a los sindicatos, el Ejecutivo apela a decretos y resoluciones para ir avanzando y buscar victorias que apuntalen la narrativa.
Pero el día clave será el miércoles próximo, cuando los bloques de la oposición, que hasta hace poco eran dialoguistas, volverán a insistir con la ley de movilidad jubilatoria para rechazar el veto presidencial.
Ese día, Unión por la Patria, Encuentro Federal, la UCR, la izquierda y la Coalición Cívica buscarán alcanzar los 172 votos que se necesitan para darle nuevamente media sanción al proyecto. El número aún no está confirmado, y es un “piletazo”, reconoce un radical. “Hay que hacerlo antes de que comience el debate por el Presupuesto, porque ahí los gobernadores negocian votos, presencias, ausencias, por obras o algún anexo del proyecto”, agregó.
La esperanza del oficialismo es frenar el empuje de la oposición contra el veto, pero no solo no cuenta con el número, sino que sus aliados, el bloque del PRO, no estaría en condiciones de asegurar los 37 diputados.
La oposición tomó una decisión frente al veto presidencial: el miércoles, en la sesión, será a matar o morir, sin dilaciones ni atajos y, si no se consiguen los dos tercios, que Javier Milei y el PRO paguen el costo político.
La Casa Rosada cuenta con una base sólida de 80 diputados y necesita sólo unos seis más para desbaratar las posibilidades de la oposición de llegar a los dos tercios. La oposición, mientras tanto, necesita llegar a 172 votos o, si no es posible, ponerse a jugar con un número menor y varias ausencias cuidadosamente pensadas.
El resultado final lo definirá, sin embargo, una veintena de diputados, y en la oposición confían en que la presión social – con una gran marcha convocada para el miércoles – servirá para dar vuelta algunas voluntades.