En medio de una crisis de sobreendeudamiento que ya golpea a millones de argentinos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, anunciaron medidas para defender a los usuarios de billeteras virtuales. La Provincia abrió un expediente de investigación a partir de numerosas denuncias por abusos, acoso, hostigamiento e incumplimientos de la Ley de Defensa del Consumidor.
La situación expone una realidad cada vez más difícil para las familias: el crédito dejó de ser una herramienta destinada al consumo para convertirse, en muchos casos, en un recurso imprescindible para llegar a fin de mes.
Durante una conferencia realizada en la Sala de Conferencias, Kicillof advirtió sobre la gravedad del escenario. “En nuestro país hay una situación de gravedad extraordinaria: no solo el 60% de la población adulta está endeudada, sino que cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora y no pueden pagar las deudas que contrajeron”.
El gobernador vinculó esta situación con el deterioro de los ingresos familiares y cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional. “Esto no es un problema entre privados: es el resultado de la macroeconomía de Milei, donde las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler”, señaló.
Kicillof también puso el foco sobre el crecimiento de las billeteras virtuales y el papel que comenzaron a ocupar en el sistema financiero. “En este contexto tan complejo, el sector de las billeteras virtuales ya no solo opera como un medio de pago, sino que coloca fondos y otorga créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades con el objetivo de evitar crisis sistémicas”, sostuvo.
Desde la Provincia remarcaron que la intención no es cuestionar el funcionamiento de las herramientas digitales, sino investigar posibles prácticas abusivas y garantizar que los consumidores cuenten con mecanismos efectivos de protección.
“Lamentablemente, el Gobierno nacional no está haciendo nada ante la angustia y la desesperación de millones de argentinos. No se puede culpar a las personas que se endeudaron para cubrir gastos básicos: en la Provincia tomamos las decisiones que están dentro de nuestro margen de actuación para defender a las familias”, afirmó Kicillof.
Más de 2.200 denuncias contra empresas
Costa detalló que el problema no es hipotético. “Solo en el primer semestre de este año, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra las empresas Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento”.
Frente a estas denuncias, la Provincia abrió un expediente de investigación y solicitó a las empresas que informen en detalle los criterios utilizados para establecer las tasas de interés y la composición real del costo financiero total.
“Las acciones ya están en curso, por lo que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos: en caso de demostrarse, la normativa estipula multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos”, explicó Costa.
El ministro también marcó una diferencia política con la administración nacional: “El Gobierno bonaerense va a contramano de lo que está haciendo la Nación: mientras ellos abandonan y generan las condiciones para que esta problemática se expanda, nosotros utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para estar cerca de las familias que se encuentran en esta situación vulnerable y para evitar que continúen los abusos”.
Familias cada vez más endeudadas
Los datos sobre el endeudamiento de los hogares permiten dimensionar el problema. Según un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), el 92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda y casi nueve de cada diez obligaciones relevadas se encuentran impagas o en situación de incumplimiento.
El estudio, realizado en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también advierte sobre un crecimiento acelerado del endeudamiento múltiple. En agosto de 2026, el 28,4% de los hogares endeudados acumulaba más de tres deudas, frente al 23,5% registrado en marzo y al 12% de mayo de 2025.
Uno de los datos más preocupantes está relacionado con la capacidad de pago. El 88,9% de las deudas relevadas se encuentra impaga o incumplida, mientras que el 41,3% ya ingresó en instancia judicial. Apenas el 11,1% de las obligaciones se mantiene en condición regular.
La presión sobre las familias también se refleja directamente en los ingresos. El 44% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de deudas, cuando en marzo esa proporción era del 38%.
Al mismo tiempo, el crédito comenzó a utilizarse cada vez más para cubrir necesidades básicas. Según el relevamiento, el 62,5% del uso de las tarjetas de crédito está destinado a la compra de alimentos. Esto demuestra que el endeudamiento ya no está asociado solamente a consumos extraordinarios: para miles de familias se convirtió en una forma de compensar ingresos que ya no alcanzan.
El informe también señala que el 49,3% de las obligaciones detectadas queda fuera de los registros tradicionales del Banco Central. Allí aparecen deudas por alquileres, compras fiadas en comercios, impuestos, servicios, préstamos informales y otros compromisos.
El panorama hacia adelante tampoco resulta alentador: el 47,5% de los hogares considera que no podrá afrontar todas sus deudas, mientras que otro 15% directamente no logra proyectar cuál será su situación financiera.
El IETSE concluye que la Argentina atraviesa un proceso estructural de sobreendeudamiento de los hogares que afecta el consumo, el ingreso disponible y la capacidad de recuperación económica.
El crédito para sobrevivir
El problema de fondo es evidente: cuando una familia necesita endeudarse para comprar alimentos, pagar el alquiler o acceder a medicamentos, ya no se está hablando simplemente de consumo financiado. Se está hablando de ingresos que no alcanzan.
En ese escenario, la expansión del crédito digital puede convertirse en una salida momentánea que termina agravando el problema si las tasas, los costos financieros y los mecanismos de cobro se vuelven una nueva fuente de presión sobre los hogares.
La decisión de la Provincia de investigar las denuncias contra las billeteras virtuales coloca nuevamente en el centro una discusión que el Gobierno nacional parece decidido a esquivar: quién protege a quienes, empujados por la pérdida de poder adquisitivo, tienen que endeudarse para sobrevivir.
Mientras desde el Gobierno nacional se insiste con que los números de la macroeconomía son la única verdad que importa, millones de familias hacen cuentas todos los días para decidir qué deuda pagar y cuál postergar. Cuando el crédito se convierte en la única manera de comprar comida, pagar el alquiler o comprar un remedio, el supuesto “éxito económico” empieza a mostrar su verdadera cara.
Porque una economía que obliga a las familias a endeudarse para comer no está liberando a nadie: está trasladando la crisis al bolsillo de los que menos tienen.