Desde hace un tiempo venimos señalando desde este portal que hay una persecución político-judicial contra el peronismo bonaerense. Primero fueron por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para que llegue procesada y desgastada si quiere ser candidata por la provincia de Buenos Aires. Luego fueron por el ex gobernador y ex candidato presidencial del FpV, Daniel Scioli. Hace 48 horas imputaron al intendente Julio Pereyra de Florencio Varela y hace unas horas fueron por el intendente de Berazategui, Patricio Mussi.
Las denuncias las está motorizando el juez Federal de Quilmes, Luis Armella, el “Bonadío bonaerense” que en febrero de este año estuvo a punto de ser destituido en el Consejo de la Magistratura, pero con los votos de Cambiemos archivaron la denuncia de la Corte Suprema de Justicia.
En las últimas horas trascendió que el Fiscal Federal interino de Quilmes, Néstor Rigonatto, requirió que se investigue la distribución, manejo, disposición, rendición y aprobación del dinero que el municipio de Berazategui recibió en concepto del Plan Argentina Trabaja. Además, habría requerido investigar si Mussi incrementó injustificadamente su patrimonio durante 2012 y si ello guarda relación con la acusación inicial.
El pasado 2 de septiembre, efectivos de la Gendarmería Nacional habían allanado la Municipalidad de Berazategui en busca de documentación sobre el Plan que dependía de Alicia Kirchner, cuando estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por orden del juez federal Luis Armella.
Merece aclararse que la imputación no es competencia de la Justicia Federal, de allí que se percibe que es otra jugada política, típica del juez Armella. Un dato para tener en cuenta es que hoy el Plan Argentina Trabaja es supervisado por el gobierno nacional y en la renovación que otorgó a los municipios fueron sólo cinco los seleccionados por su funcionamiento correcto, entre ellos Berazategui.
La denuncia de Mussi padre. El diputado provincial Juan José Mussi presentará en los próximos días un escrito ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para pedir que se reabra una causa contra el Juez Federal Armella, que permanece archivada desde febrero.
Merece recordarse que la posibilidad del juicio político se debió a irregularidades y abuso en el cargo como juez encargado de supervisar y ejecutar la sentencia de la Corte por la limpieza del Riachuelo, ordenar y controlar la ejecución de obras a esos fines.
En esta nueva denuncia el diputado pidió que se investigue el dictado de resoluciones por parte de Armella que obligaban a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a realizar obras complejas para el saneamiento del Riachuelo en plazos muy breves bajo sanción de imposición de multas a los funcionarios intervinientes. Así la Acumar debía realizar contrataciones de excepción y procedimientos abreviados que generalmente terminaban beneficiando a empresas vinculadas a Armella y su familia.
Según un informe confeccionado por la Auditoria General de la Nación las empresas adjudicatarias de las obras contratadas, mediante procedimientos abreviados ordenados por Armella, integraban un mismo grupo económico ya que se encontraban interrelacionadas por la alternancia de sus socios, la composición de sus órganos o la coincidencia de domicilio.
Las sociedades que recurrentemente aparecían beneficiadas en las contrataciones de urgencia determinadas por órdenes del juez eran, según informó Juan José Mussi, Gildin S.A., Vial Rogo Constructora S.A., Tierras Provinciales S.A., Compañía Constructora M&T S.A. y Kartonsec S.A. Dicho informe también arrojó que la esposa, el suegro y un tío de la mujer del magistrado integraron la sociedad “San Martín 264 Bernal S.A” junto a personas físicas que componían sociedades del grupo económico adjudicatario de las obras de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. La causa también asegura que Armella utilizó sus facultades para ordenar la clausura de empresas competidoras.
Tras comprobarse dichos vínculos, en 2012 la Corte Suprema decidió separar al juez federal de Quilmes Luis Armella de la causa en la que lo había puesto a cargo de garantizar la ejecución del fallo que dispuso sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. El alto tribunal también resolvió denunciarlo penalmente y ante el Consejo de la Magistratura.
El mismo fiscal y el mismo juez hace 48 horas también imputó al intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, por enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos en una denuncia que inició Elisa Carrió.
El juez preferido de Cariglino. Cabe recordar un poco la historia del juez Armella, un protegido del ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, hoy funcionario de María Eugenia Vidal.
En el año 2004, la fiscalía especializada en delitos complejos del Departamento Judicial San Martín, a cargo de Edgardo Ledesma, llevó adelante una investigación contra Cariglino al comprobarse que se habían fraguaron pedidos de créditos al Banco Provincia con firmas falsas, en una cooperativa que manejaba el intendente con la excusa de pavimentar calles. Cariglino fue detenido 13 días y el fiscal general de San Martín, Luis María Chichizzola, apoyó la investigación del fiscal Ledesma.
En esos momentos, Luis Armella era fiscal de Quilmes y en forma insólita inició una “investigación paralela” sobre un hecho que ocurría en San Martín y ordenó meter presos a quienes denunciaban a Cariglino. Un escándalo.
Dos años después, Chichizzola, el fiscal general tuvo que renunciar y Armella fue nombrado juez federal en Quilmes. Ya nadie dudó de que el poder lo tenía Cariglino. Tuvieron que pasar muchos años hasta que el pueblo de Malvinas Argentinas, a través del voto, decidió apoyar al joven Leonardo Nardini y sacarlo a Cariglino del poder. Hoy, el funcionario de Vidal tiene una denuncia penal impulsada por el actual intendente por enriquecimiento ilícito, que lo pueden llevar a la cárcel.
Estrategia Carrió: “Sacar de la cancha al peronismo provincial”