En otro capítulo de la persecución contra la ex presidenta Cristina Kirchner, el juez federal Claudio Bonadío envió a juicio oral la causa abierta contra la ex mandataria y varios ex funcionarios por las operaciones de dólar futuro.
La elevación del proceso a esa instancia había sido pedida también, y de manera urgente, por la propia ex presidenta. Ninguno de los imputados está acusado de haberse enriquecido con esas maniobras financieras. Por el contrario, quienes fueron beneficiados son parte de los gerentes y empresarios que actualmente ocupan puestos de gobierno y a los que el propio Bonadio eximió de cargo y culpa.
Cristina está acusada de supuesta “defraudación contra la administración pública” en la fijación del precio del dólar futuro entre septiembre y noviembre de 2015. Por ello, Bonadio le dictó un embargó de 15 millones de pesos, una medida que derivó luego en la inhibición general de todos los bienes de la ex presidenta.
En la misma causa que Cristina están investigados el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof, y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros ex funcionarios de la gestión anterior. Todos sostienen que con esa operatoria lograron evitar una gigantesca devaluación que hubiera pegado de lleno en los salarios reales de los trabajadores y en los ingresos de los jubilados.
De hecho, los funcionarios kirchneristas alegan que la devaluación de fines de 2015, concretada por el macrismo, produjo una inflación del 30 por ciento y fue un golpe para la mayoría de los ciudadanos del país.
Quienes presentaron la denuncia contra Cristina Kirchner, los legisladores oficialistas Mario Negri, Federico Pinedo y el ex ministro Alfonso Prat Gay, sostuvieron que el Banco Central estaba generando un perjuicio patrimonial al Estado al vender a 10 pesos algo que debía venderse a 15. Al llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macri devaluó y entre los beneficiados por su decisión hubo varios funcionarios de su gobierno.
Por el mismo tipo de operaciones financieras fueron sido denunciados a finales del año pasado el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, y otros funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, Bonadio declaró la “inexistencia de delito” en esos casos.