Arrancó la cuarta semana de conflicto entre los docentes y el gobierno, que se reunieron por última vez hace una semana. Pese a las promesas dialoguistas que hizo María Eugenia Vidal en los medios amigos, los gremios siguen esperando que la mandataria los convoque a una nueva reunión. No contestó el pedido de audiencia con carácter de urgente que le presentaron el viernes; tampoco llamó a la paritaria. Avanza, en cambio, con otro capítulo del operativo desgaste: el de los descuentos.
Los maestros bonaerenses cobrarán el viernes sus salarios de marzo y verán aplicados los descuentos que anunció Vidal. Por cada día de paro, la Dirección General de Cultura y Educación recortó entre 450 y 1000 pesos. Se tomaron las huelgas del 6, 7 y 8 de marzo, y las del 14 y 15 de ese mes. Esto podría significar hasta una baja de 5 mil pesos en el sueldo, un golpe desmedido que busca disciplinar a los maestros y quebrar la lucha que vienen sosteniendo por el bolsillo.
En conflictos con mayor respeto de los derechos laborales, los descuentos por los paros eran una amenaza que se concretaba a mes vencido. Por el recorrido que deben hacer las planillas en las que cada directivo detalla quiénes faltaron y por qué –van de las escuelas a los consejos escolares, antes de llegar a la administración central–, los descuentos se aplican con un mes de demora. En general, pasado este tiempo el conflicto que les dio origen suele estar resuelto y, como parte de su acuerdo, los gremios garantizan el pago de los días no trabajados.
En este caso, en medio del ataque a los gremios del Frente de Unidad Docente, Cambiemos se adelantó a hacer los descuentos y como no le llegaron los contralores, los aplicó masivamente sobre todo el que no figuró como presente, incluyendo a maestras con licencia por embarazo, o tomando como paros a feriados municipales.
Ya hay quejas de los gremios respecto de la “rigurosidad” de los recortes. El viernes, el Consejo General de Cultura y Educación pidieron a la cartera que conduce Alejandro Finocchiaro que informe cómo realizó los descuentos teniendo en cuenta que existe un fallo de la jueza platense María Ventura Martínez a favor de los gremios que ordenó al gobierno que “se abstenga” tanto de aplicar descuentos como de pagar el polémico premio de mil pesos.
En la nota presentada a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos de Educación, los consejeros preguntaron “con qué instrumento administrativo se habilitó la carga del descuento, habida cuenta que cuando el mismo fue realizado, todavía, las instituciones educativas no habían realizado la presentación del Contralor mensual, único documento fehaciente que informa de las causales de inasistencias”.
No es la primera vez que Educación recorta los sueldos de manera errónea. El año pasado, en una de las protestas se registraron liquidaciones mal hechas y el caso fue hasta la Justicia, que obligó al gobierno a reliquidar.
Ayer el presidente Mauricio Macri apuntó contra la jueza Martínez y calificó su decisión como “una interferencia a una política de cambio”. Para el primer mandatario, la magistrada incurrió en una “clara intencionalidad política de seguir convalidando que los chicos no tengan clases y sean rehenes de una errónea política sindical”.
Hoy vence la extensión de la conciliación obligatoria fijada por el gobierno que los gremios desconocieron. Mientras esperan el llamado de la Provincia, los gremios definen en las escuelas cómo seguir el plan de lucha. Ayer comenzó una encuesta impulsada por las seis organizaciones que integran el Frente gremial: Suteba, FEB, UDA, AMET, Udocba y Sadop (privados). Los resultados se conocerán mañana.
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