El brutal tarifazo aplicado al gas podría quedar anulado para los usuarios residenciales de todo el país, en caso de que la justicia dictamine finalmente que los nuevos precios fijados por el gobierno macrista no cumplen el criterio de razonabilidad.
El primer paso en esa dirección lo acaba de dar la Justicia Federal de La Plata, al aceptar el planteo formulado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (Cepis), la asociación civil que el año pasado había conseguido que la Corte Suprema exigiera el llamado a audiencias públicas para informar sobre el aumento de tarifas.
La decisión fue adoptada por el titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia 2, Guillermo Héctor Ferrara, al considerar que la demanda de la ONG está dirigida a proteger los derechos de la totalidad de los usuarios de gas de todo el país.
El Cepis quiere saber “si resultan compatibles con nuestra normativa (o no), los diversos cuadros tarifarios establecidos” por el ministerio de Energía conducido por Juan José Aranguren, “como resultante de la Revisión Tarifaria Integral, que fueran aprobados, por entender que, por un lado, no se cumplió en brindar la información adecuada y veraz establecida”, y que por otro “entendemos que las actuales tarifas violan los preceptos de razonabilidad, justeza y accesibilidad”.
Para tomar dimensión sobre el alcance del tarifazo y cómo afecta a la población, el titular del Cepis, Mariano Lovelli, destacó que “si YPF, que concentra el 40 % del gas que consumimos, aduce un costo de US$ 2,09, entonces se torna irrazonable que el gobierno establezca que el usuario pague US$ 6,80”, es decir, tres veces más.
De todas maneras, ahora será el turno del juez para dar curso a la presentación del fiscal, por lo que en lo inmediato este reconocimiento de la representación colectiva para usuarios de gas a la ONG platense no tendrá un impacto inmediato sobre decisiones tarifarias oficiales.