Vidal agradece tu voto con una suba del 56% en el impuesto inmobiliario en 2018

Envalentonada por el respaldo obtenido en las urnas, la gobernadora María Eugenia Vidal envió anoche a la Legislatura el presupuesto y la ley impositiva 2018 que incluye subas promedio de 56% en el impuesto inmobiliario urbano y de 50% en el tributo que pagan los campos. El paquete se completa con otra ley que obliga a los municipios a recortar el gasto y la planta de empleados municipales si quieren recibir ayuda financiera provincial.

El presupuesto incluye gastos totales por 630 mil millones de pesos y un pedido de endeudamiento de 58.890 millones de pesos. El déficit previsto para el año que viene, en tanto, ronda los 31 mil millones de pesos. La pauta incluye el incremento salarial que se otorgará a docentes y estatales aunque, a diferencia de este año, no está explicitado de cuánto será.

El proyecto de ley impositiva castiga otra vez el bolsillo de los bonaerenses con una suba promedio del 56% en el impuesto Inmobiliario Urbano y un incremento promedio del 50% para las partidas del Inmobiliario Rural. La suba obedece a la aplicación del revalúo fiscal realizado el año pasado. Según el Ejecutivo, una de cada dos propiedades urbanas va a tener una suba de 41 pesos por mes, mientras que en el ámbito rural el impacto para la mitad de los campos será de hasta 61 pesos por mes.

“Con el propósito de corregir la distorsión generada tras 12 años de alta inflación en
los que no se actualizó el valor fiscal de los inmuebles, la provincia de Buenos Aires
decidió actualizar dichos valores”, explicaron desde el gobierno y aclaran no obstante que el revalúo se aplica “con topes” para que el incremento promedio del impuesto “no afecte de manera significativa a los contribuyentes”.

Según el gobierno, el incremento en el impuesto inmobiliario urbano significa para la mitad de las viviendas de la Provincia “una suba máxima de $41 por mes”, mientras que el rural “implica para la mitad de los productores un incremento de hasta $61 por mes”. Los pequeños productores agropecuarios que tengan hasta 50 hectáreas y facturen hasta $3 millones anuales serán eximidos del aumento. También estarán exceptuados de la suba los productores afectados por inundaciones en 2017.

El tercer proyecto que fue enviado a la Legislatura es el de “responsabilidad fiscal” para los municipios. Se trata de una ley con la que el gobierno provincial busca limitar el gasto corriente y el endeudamiento de las comunas. Aunque no es obligatorio adherir, quienes no adhieran no recibirán asistencia financiera por parte del gobierno provincial.

Hay varias condiciones que incluye el texto de la ley y que deberán cumplir los municipios que adhieran a esta suerte de “pacto fiscal” con la Provincia. En principio, el municipio no podrá subir su gasto corriente más de la pauta inflacionaria fijada a nivel nacional; tampoco podrán endeudarse por más del 8% de los recursos corrientes ni podrán incrementar la planta de empleados municipales más que el crecimiento vegetativo de la población (se estima en un 1,5% aproximadamente). Por último, tampoco podrán “incentivar el gasto corriente” en el último semestre de su mandato y se los invitará a “armonizar” las tasas con los municipios vecinos.