En las altas esferas del macrismo, el escándalo generado por el presunto contrabando de armas y municiones a Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales, no sólo ya se transformó, de hecho, en una papa caliente que todos se la pasan para sacársela de encima, sino que la situación es tan incómoda que obligó a una reunión de urgencia para ver cómo encarar los pasos a seguir, en medio de una lógica embestida judicial –tanto a nivel local como desde Bolivia- que acorrala cada vez a algunas de las principales figuras del anterior gobierno.
Durante el encuentro, convocado por la titular del PRO, Patricia Bullrich, en sus oficinas de la Ciudad del Buenos Aires, asistieron el ex canciller Jorge Faurie, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad -llegado para la ocasión desde Córdoba-, Pablo Lanusse -el abogado del ex presidente Mauricio Macri- y ex directores de la Aduana y de la Agencia de control de armas (Anmac).
Pudo saberse que el objetivo central de la reunión apuntó a repasar qué sabía cada uno de los presentes sobre el envío de material bélico al vecino país, en los días en que fue derrocado el ex mandatario Evo Morales, y se reprimió a la población que salió a las calles, con el saldo de decenas de muertos. Por lo tanto, la idea era empezar a diseñar las defensas judiciales de los involucrados.
El encuentro, del que participaron también otros abogados, alternó precisiones jurídicas con apreciaciones políticas. Hasta se discutió si la caída de Evo Morales había sido o no un golpe de Estado.
Bullrich, responsable de armar el grupo de chat “Reunión” con el que los citó, dijo que ella mandó a los gendarmes a cuidar la embajada argentina en la ciudad de La Paz, pero que no tenía idea de con qué armamento habían ido.
El problema no menor para la ex ministra de Seguridad, es la existencia de pruebas lo suficientemente contundentes que demuestran que fueron con 70.000 cartuchos antidisturbios que no se declararon en el manifiesto de salida del vuelo y que no regresaron, mientras que las actuales autoridades de Bolivia muestra fotos y videos que acreditarían que se las quedaron las Fuerzas Armadas y la policía de ese país.
En tanto, el gobierno argentino denunció que Macri y sus funcionarios montaron un plan para “poner material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país”.
La titular del PRO les dijo a los presentes que ella no había podido hablar todavía con Gerardo Otero, ex jefe de la Gendarmería, y una pieza clave durante su gestión al frente de Seguridad. Aseguró que no había podido dar con él, y que creía que su ex funcionario estaba varado en el exterior, porque había viajado para vacunarse.
Lo cierto es que en el encuentro faltaba un ala de los imputados y eran justamente los gendarmes, que aparecen hoy como de los más complicados en la causa. Además de Otero, el fiscal Claudio Navas Rial imputó al ex Director de Logística de la Gendarmería, Rubén Carlos Yavorski, y al ex Director de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.
Yavorski fue quien firmó el pedido de las 70.000 municiones; Recalde, el que declaró, ya en pleno gobierno de Alberto Fernández, que los cartuchos no volvían porque se las habían gastado en prácticas de tiro, una versión que nunca resultó muy sólida y menos después de que Bolivia mostrara imágenes de armamento que tiene en su poder con el sello de Fabricaciones Militares.
En la reunión del miércoles nadie dijo saber tampoco qué habían declarado hasta el momento, en el sumario administrativo, los gendarmes que viajaron a Bolivia. Ni siquiera conoce esas actuaciones el juez de la causa penal, Javier López Biscayart, que el lunes le pidió a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que se las remitiera “de inmediato”.
Por su parte, el ex canciller Faurie sostuvo que él jamás recibió cables diplomáticos relacionados con esta denuncia ni fue informado de la carta de agradecimiento por las municiones entregadas. Dijo, en definitiva, que no sabía nada.
Otro tanto hizo Aguad, que está imputado porque los gendarmes –y según lo denunciado, también el armamento- viajaron en un avión Hércules que él, como ministro de Defensa, puso a disposición a pedido de Bullrich. “Para este caso no pienso poner abogado”, les adelantó a los demás el ex funcionario, que ya tiene otros frentes: fue denunciado penalmente por el hundimiento del submarino ARA San Juan, y enfrenta una causa por el acuerdo fallido del Correo Argentino con el Estado.
Quienes sí designaron abogado en el expediente penal fueron Macri -que nombró a Lanusse-, Bullrich y Otero.
En esta causa, que avanza a pesar de la feria judicial, el Gobierno amplió el jueves su denuncia y el fiscal debe volver a dictaminar y decidir si extiende la investigación. Navas Rial no se tomará las vacaciones que tenía previstas.
En Bolivia también se abrió una investigación por el supuesto envío ilegal de armamento. Según vaticinó el ministro de Justicia, Martín Soria, la justicia boliviana “va a requerir la presencia de Macri y sus funcionarios” y tiene, en caso de necesidad, un “tratado de extradición” vigente. Los presentes en el cónclave del miércoles coincidieron en que ninguno nombrará por el momento abogado para actuar allá.