La Justicia volvió a rechazar un intento de Mauricio Macri por frenar la investigación interna que lleva adelante la Gendarmería, y que busca determinar qué fue lo que ocurrió con el material bélico represivo enviado por el Gobierno de Cambiemos a las fuerzas de seguridad de Bolivia en noviembre de 2019, en los días en los que se llevó a cabo el golpe de Estado en ese país contra Evo Morales.
De esta manera, el ex presidente sufrió otro duro revés en su búsqueda de frenar las declaraciones de los gendarmes que viajaron a Bolivia con las municiones que quedaron en manos de las fuerzas que dieron el golpe Evo.
El juez Javier López Biscayart rechazó la apelación que había presentado la defensa de Macri, y ratificó que la investigación interna que está haciendo la Gendarmería en nada perjudica al ex presidente o a los otros imputados por el contrabando agravado de material represivo al país vecino.
Macri pretende que la Jsusticia frene una investigación interna que está haciendo la Gendarmería para conocer cómo fue el procedimiento por el cual las 70.000 balas antitumulto 12/70 que la ex ministra Patricia Bullrich había comprado para la cumbre del G20 salieron del país en noviembre de 2019, y terminaron en manos de la Fuerza Aérea Boliviana y de la policía del Estado Plurinacional.
El magistrado ya le dijo que no iba a hacerlo el lunes, pero su abogado, Pablo Lanusse, apeló y el magistrado volvió a cerrarle la puerta a la intentona de Macri de frenar un procedimiento que puede aportar información trascendente a la causa.
López Biscayart le respondió que su decisión no era materia apelable y que no le causaba un gravamen irreparable, como sostuvo el ex fiscal Lanusse, que asesora a Macri tanto en esta causa como en la del hostigamiento a los dueños del Grupo Indalo y en los expedientes sobre el espionaje ilegal durante su gobierno.
El juez le recordó que los principios constitucionales y convencionales rigen tanto para las investigaciones penales como las administrativas. “Sin que de ellas pueda derivarse una facultad del Poder Judicial de inmiscuirse en las propias de otro poder del Estado”, resaltó el magistrado.
Además de Macri, Bullrich y el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la causa están imputados el ex embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el ex director general de la Gendarmería Gerardo Otero, y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El Gobierno nacional denunció el 12 de julio a Macri y a una decena de funcionarios de su Gobierno por el envío de “material represivo” a Bolivia en noviembre de 2019, después de que la actual administración de ese país, a cargo de Luis Arce, acusara a la gestión de Cambiemos de haber tenido “participación” en el golpe de Estado que permitió instalar a Jeanine Añez en el poder.