Con el silencio atronador de la ex gobernadora María Eugenia Vidal a partir de la aparición del video que muestra el entramado entre funcionarios de su gobierno, agentes de la AFI, funcionarios judiciales y el mismísimo procurador Julio Conte Grand para perseguir sindicalistas y políticos opositores, desde el Frente de Todos decidieron dar el primer paso para iniciar el juicio político “al hombre” que maneja y aprieta a fiscales, defensores y jueces en la provincia de Buenos Aires.
La presentación del juicio político no es sencillo ya que el oficialismo necesita el voto de una parte de Juntos por el Cambio. El FdT tiene 43 votos y se necesita 62 votos para elevarlo al Senado bonaerense. Por ahora no hay fecha de la sesión pero podría ser antes que finalice enero.
El pedido de juicio político se enmarca en el inciso 2 del artículo 73 de la Constitución provincial que establece que «es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo». En tanto, la ley 4334 de juicio político establece cómo es el mecanismo para acusar y remover al procurador.
Si el FdT logra reunión los votos se conformará una comisión integrada por 5 miembros que será la encargada de recolectar pruebas, pedir información y citar a declarar a funcionarios y dirigentes. En esa lista están los funcionarios judiciales de Lomas de Zamora Gabriel Vitale y Enrique Ferrari; los dirigentes camioneros Pablo y Hugo Moyano; la interventora de la AFI, Cristina Caamaño; el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el ex ministro de Justicia, Gustavo Ferrari; el senador Juan Pablo Allan; y el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros.
Cuando la comisión termine su trabajo formalizará la acusación ante el Senado, que es la que define si hay mérito para el juicio político y si aparta a Conte Grand de manera preventiva. También en este caso se requieren los dos tercios de los votos, un número que no es posible para el oficialismo sin acuerdo con la oposición.
Los argumentos principales del proyecto que presentó el oficialismo y que lleva la firma de Cesar Valicenti, presidente del bloque, su vice Susana González y el vicepresidente del cuerpo, Rubén Eslaiman afirma que “resulta insostenible” que continúe en el cargo, por su vinculación con el accionar de estructuras judiciales y por su pertenecía partidaria al macrismo.
El expediente 4860/21-22 que presentó el FdT solicita el juicio político y da una serie de pruebas contundentes sobre el accionar del hombre del Opus Dei. En el se detallan tres elementos: “La pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora ‘Juntos’ y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político; la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas”.
En ese sentido, en la denuncia se recordó que “el 9 de diciembre pasado se hizo pública una fotografía en la que puede verse al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand, junto al ingeniero Mauricio Macri, quien fuera presidente de la Nación en el períodos 2015-2019 y que hoy resulta de los principales referentes de la actual fuerza política opositora ‘Juntos’”. Asimismo, el escrito describió: “Ambos fueron retratados almorzando solos en un restaurante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a autenticidad de la fotografía no fue controvertida por ninguno de sus protagonistas, sino que, contrariamente, fue reconocida por ambos”.
En esa línea, los denunciantes marcaron que “es de suma relevancia tener en cuenta, al momento de ponderar la irregularidad que denota ese encuentro, que Macri se encontraba siendo investigado en territorio bonaerense por gravísimos delitos vinculados al desarrollo de inteligencia ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan”. Y precisaron que, pese a ese contexto, el encuentro se llevó a cabo por lo que “ello no sólo da cuenta de la estrecha relación que el Procurador General mantiene con uno de los líderes de la coalición opositora más importante del país, sino que confirma la afinidad y pertenencia de Conte Grand con esa fuerza política”. Y precisaron: “Esa pertenencia político-partidaria es, a todas luces, incompatible con la autonomía e independencia que exige el desempeño al frente del Ministerio Público bonaerense”.
Julio Conte Grand se desempeñó entre el 2012 y el 2015 como Procurador de la Ciudad de Buenos Aires – cargo equivalente al Procurador del Tesoro en el orden nacional – designación formalizada por el entonces Jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a través del decreto n°146/12 y su rectificatorio 171/12.
Mediante el decreto 16B/2015, la gobernadora María Eugenia Vidal lo designó secretario legal y técnico de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta el 27 de diciembre de 2016. “En el ínterin, Vidal envió su pliego al Senado para su designación como Procurador ante la Suprema Corte, cargo que finalmente obtuvo pese al claro déficit que ostentaba en términos de autonomía respecto del gobierno que promovía su nombramiento”.
En otra parte del escrito, los legisladores describieron las conductas ilegales realizadas por los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal en territorio bonaerense. “A modo de ejemplo cabe traer a colación las escuchas ilegales realizadas sobres conversaciones de personas privadas de la libertad y sus abogados en la cárcel federal de Ezeiza y el ‘cableado’ de la alcaidía N°3 de La Plata dispuesto con el mismo y espurio cometido”, mencionaron. “En paralelo, la instalación de bases de inteligencia en la Provincia de Buenos Ares (conocida como Bases AMBA), realizada en 2016 con la excusa de combatir el narcotráfico, la trata y el crimen organizado, estuvo en rigor destinada a la producción de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sociales y gremiales que expresaba posiciones contrarias a los intereses de la coalición gobernante (algunas de las víctimas de ese espionaje ilegal, incluso, pertenecían a la misma fuerza política)”, sumaron.
Al momento de enfocar en el rol de Conte Grand en la persecución judicial resaltaron “un aporte” realizado desde estructuras judiciales de la provincia de Buenos Aires y sobre esto mencionaron: “Se han denunciado serias irregularidades funcionales por parte de algunos representantes del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora. Se identificaron investigaciones arbitrarias y selectivas por parte de funcionarios de la Unidad de Coordinación de Delitos complejos y Crimen Organizado, con participación de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia y del Ministerio de seguridad de la Nación”.
En ese sentido, se refirieron a las denuncias realizadas por el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, sobre “un mecanismo de hostigamiento, persecución judicial y disciplinamiento llevado a cabo en su perjuicio, instrumentado por los representantes del Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción, en el marco de la generación de investigaciones penales preparatorias, legajos reservados y/o secretos”. Y agregaron: “Denunció también la ‘intrusión por parte del Poder Ejecutivo Nacional en investigaciones’, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación en la causa ‘Barras’ y tareas de inteligencia e investigación criminal impulsada por integrantes del Ministerio Público Fiscal”.
Finalmente se refirieron al video publico del 17 de junio de 2017 en la que participaron, el ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, el ex ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de la Provincia, Juan Pablo Allan, senador bonaerense, el actual intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios como el director general de COPETRO, Marcelo Jaworski, Fabián Cusini, constructor inmobiliario, Jorge Oscar del Rio, presidente de Anideco, Fernando Sacrachi, y Guillermo Moreto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata.
Marcelo Villegas, en una reunión que mantuvo el 15 de junio de 2017, afirmó: “…El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos pre constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista de más que laboral, de amenaza y estas palabrejas se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones, con eso se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la Procuración General, tiene que estar medidas para generar más volumen y después aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la Procuración, con la fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”. Asimismo, el ex titular de la cartera de Trabajo provincial dijo: “Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, su yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios lo haría”.
Los hechos mencionados son los que ameritan un juicio político. De crearse la comisión de acusación e investigación, entre los distintos procesos que llevarán adelante, los legisladores adelantaron que se pedirán oficios a la AFI y se citará a declarar a dirigentes políticos, gremiales, funcionarios y ex funcionarios.