Ante la incesante escalada de precios de la canasta familiar, sobre todo en el rubro alimentos, la Secretaría de Comercio instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a iniciar investigaciones por “presuntas prácticas anticompetitivas” de empresas de consumo masivo que elevaron los precios de sus productos “por encima de la inflación general”, y abusaron así de su posición dominante en el mercado.
Así lo establece la Resolución 68/2022 publicada en el Boletín Oficial, que ordena a Defensa de la Competencia investigar a “aquellas empresas vinculadas con la producción y comercialización de productos de consumo masivo que hubieran aumentado precios durante 2022 como resultado de un abuso de su posición dominante en el mercado”.
El órgano, dependiente de la misma Secretaría de Comercio, deberá remitir un informe de los avances de esta investigación en un plazo máximo de 30 días.
Entre los considerados, la resolución publicada en el Boletín Oficial cita a la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe los acuerdos entre firmas para “limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia” o que “constituyan abuso de una posición dominante”.
De esta manera señala a “conductas anticompetitivas sancionables por el ordenamiento de defensa de la competencia” con la posibilidad de multas “vinculadas con el volumen de negocio” de las empresas.
La investigación, ordenada por el área de Matías Tombolini, responde a un informe elaborado por la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno, a cargo de Hernán Toledo, que indicó que hay empresas de consumo masivo que, “en el transcurso del presente año, han aumentado precios por encima de la inflación general y de otras variables que afectan a los costos de producción”.
En ese expediente se señala además que las empresas que han amentado los precios “podrían llegar a tener posición dominante en los mercados involucrados” y que la “la fijación de precios de manera abusiva” podría configurar una conducta anticompetitiva susceptible de sanción.
Si bien no se especifica cuáles son estas empresas, la resolución indica que se trata de “mercados vinculados con la producción y comercialización de alimentos” de “producción mayormente nacional”. Es precisamente ese sector, el de las firmas nacionales, con las cuales el Gobierno tiene mayores problemas vinculados con las subas de precios. Además, las firmas del consumo masivo que tienen mayores niveles de concentración son precisamente las de capitales locales.
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que planea avanzar en un programa de estabilización de precios de producto masivo durante el verano, que se extenderá entre los meses de diciembre y marzo.
El objetivo de este programa es “que permita que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y seguridad”, en cuanto a los precios de productos de higiene personal, alimentos y de consumo masivo, señaló Massa.
De la mano del programa, el Gobierno tiene la intención, según el ministro, de hacer más efectivos tanto el control del cumplimiento de las normas como la aplicación de multas a las empresas en infracción. Será una canasta de 1500 productos a valor fijo hasta marzo del 2023, enmarcada en el plan Precios Justos.
Mientras tanto, para evitar disparada en los precios hasta que se ponga en marcha el congelamiento, el Gobierno les pidió a los supermercados nucleados en ASU que no acepten de parte de los proveedores listas con aumentos de precios superiores al 4 %.
Este dato, una vez que se inicie el proceso de congelamiento de los precios, regirá además como norma para todos aquellos productos que no sean parte del programa Precios Justos ni de Precios Cuidados. Es decir, el Gobierno no permitirá subas mayores al 4 % en todo lo que se venda por fuera de los programas oficiales de precios congelados y precios de referencia.